Congresista Jorge Luis Flores Ancachi también pide que se archive su proceso con Ley Soto
Otro favorecido. Presidente del Congreso no sería el único beneficiado con la Ley 31751. Jorge Luis Flores Ancachi presentó escrito ante el Poder Judicial de Puno para que sus presuntos delitos vayan al canasto. Fiscalía pide 10 años de prisión efectiva para legislador.
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En enero de 2009, el ahora congresista Jorge Luis Flores Ancachi laboraba como residente de una obra del Gobierno Regional de Puno. Junto con el supervisor Percy Marca Huanca -en la tesis del Ministerio Público- se apropiaron de más de 15.000 soles. Pagaron sueldos a trabajadores que nunca laboraron en la obra, según la fiscal Yessy Giovanna Condori Escarcena, de la Tercera Fiscalía Penal de Puno.
Por este hecho, el parlamentario y su cómplice afrontan un pedido de diez años y seis meses de prisión efectiva por los delitos de peculado doloso, malversación y falsedad ideológica.
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Y, ahora, al igual que el presidente del Congreso, Alejandro Soto, el parlamentario puneño Jorge Flores también presentó un escrito al Poder Judicial de Puno para que dichos delitos sean declarados prescritos de acuerdo a la Ley 31751, más conocida como la Ley Soto. La norma reduce el plazo de prescripción de los delitos del Código Penal por el paso del tiempo.
De acuerdo a la acusación formulada por la fiscal Condori Escarcena, entre los meses de abril y mayo de 2009, Jorge Flores y su coacusado, cuando estaba a cargo de la obra ‘Fortalecimiento del desarrollo educativo de la institución educativa industrial 32-Puno’, se habrían apropiado de un total de S/15.597,00.
El monto corresponde al pago de 14 trabajadores que nunca laboraron en la obra.
Los dos funcionarios certificaron que estos 14 servidores prestaron servicios para que se efectúe el abono. Los supuestos beneficiarios negaron haber trabajado en la institución educativa e incriminaron a Flores Ancachi, en su condición de responsable de certificar quién trabajaba o no.
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De acuerdo a la acusación de la fiscal, se determinó además que, en dicho proyecto, tanto Flores Ancachi como Marca Huanca (supervisor) registraron en el cuaderno de obras a otras 17 personas como trabajadores, pero que en la práctica laboraban para distintas unidades del Gobierno Regional.
Por ello, se generó un perjuicio de S/20.343 del presupuesto de la obra.
El legislador pretende ahora que todos estos hechos queden impunes con la nueva ley aprobada a su medida.
El papel que tuvo Jorge Flores Ancachi en torno a la Ley 31751 es mucho más protagónico que el de su colega Alejando Soto. El actual presidente del Parlamento, para librarse de una sentencia por estafa y falsedad genérica, propició que dicha norma sea sometida a debate y posterior aprobación.
Juicio. El 8 de agosto, los abogados de Flores expusieron pedido de prescripción en audiencia. Foto: Difusión.
Ancachi fue más osado: él figura como coautor con otros 17 de sus colegas.
Por supuesto, votó por su aprobación.
El 25 de julio, Jorge Flores Ancachi, junto con tres de abogados, presentó un escrito de “excepción de prescripción de la acción penal”, dirigido a la jueza del Primer Juzgado Unipersonal de Puno, Shirlay Basilka Flores Menéndez. Dicha magistrada está a cargo del juicio contra el legislador.
En su escrito, el actual parlamentario de Acción Popular indica que, al amparo de la Ley 31751, todos los delitos que se le imputan en la acusación fiscal deben ser declarados prescritos. En la práctica, su proceso debía pasar al archivo.
El juicio oral debió comenzar el 9 de junio de 2023, pero los imputados no se presentaron. Entonces, la jueza Flores Menéndez declaró reo contumaz a Flores Ancachi y ordenó su captura para que comparezca ante el tribunal.
La orden de detención contra dicho parlamentario se materializó cuando pretendía viajar a China el 24 de junio. Después se descubrió que sus viajes al país asiático fueron subvencionados por la consultora DPL Group, del mexicano Jorge Negrete Pacheco, ligado a la empresa Huawei.
El escrito de prescripción que presentó Jorge Flores fue expuesto en el inicio del juicio oral el 8 de agosto. La jueza Shirlay Basilka Flores Menéndez aún no tomó una determinación sobre el pedido.
El juicio fue reprogramado para el 17 de agosto de 2023.
La República buscó de manera insistente la versión de Jorge Flores Ancachi, pero no respondió las llamadas y mensajes virtuales para que dé sus descargos sobre este caso que lo involucra en promover una ley para beneficiarse.
Pedido ante poder judicial
El 25 de julio, la Corte de Justicia de Puno recibió este documento de Flores para que su proceso prescriba.
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