Defensa de Alejandro Toledo se ampara en la ausencia de enjuiciamiento para evitar su extradición

Los abogados del expresidente Alejandro Toledo buscan que el investigado se quede en territorio estadounidense a como dé lugar. En esta oportunidad, presentaron una nueva apelación ante la justicia de EE. UU. a fin de que su extradición solo se pueda realizar una vez que inicie el juicio en su contra en la justicia peruana. El pedido, a cargo de la abogada Mara Goldman, tendría como objetivo que la medida de suspensión impuesta sobre la extradición de Toledo Manrique se extienda por mucho más que los 14 días iniciales planteados por la Corte de Apelaciones y aprobados por el juez Thomas Hixson.

Según la alerta brindada por la periodista Liliana Michelena, la nueva estrategia de Goldman como defensora de Toledo es argumentar que la extradición del expresidente no es dable, debido a que en el Perú aún no se ha iniciado un juicio contra él por este caso, cuestionando que "si le importa tanto a Perú el asunto, ¿por qué han tardado tanto en el proceso?".

Reconsideración clave que lo dejaría más tiempo en EE. UU.

Esta postura viene justo en el momento en el que la situación de Toledo Manrique será sometida a una "reconsideración en banc" por parte de todo el pleno de jueces de la corte de apelaciones. El motivo de que llegue en un momento tan preciso, según Michelena, es que la recondideración se extienda de 2 días —que es lo que dura usualmente este proceso— a 21 días, mediante la deliberación de este nuevo postulado.

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Sin embargo, este es un pedido que ya ha sido rechazado anteriormente por la justicia norteamericana. A inicios del proceso de extradición, en el 2020, la defensa del exmandatario postuló el mismo hecho, que "la extradición fue aprobada por la Corte Suprema peruana sin tener una acusación formal". Sin embargo, este argumento fue rechazado, pues, según los jueces norteamericanos, "existía lo suficiente en términos de documentos para que Alejandro Toledo regrese a participar de los procedimientos de Perú".

Este planteamiento es reconocido por la justicia de EE. UU. bajo el concepto de "charging document". En el 2020, también se postuló que, pese a ser los jueces encargados de la extradición de Toledo, no son expertos en el ámbito de derecho penal peruano; por ello, es mejor dejar que la justicia del Perú sea quien continúe el caso con el exmandatario extraditado.