Caso Inti y Bryan: investigación duerme en el Poder Judicial a 2 años de sus muertes

A dos años de la muerte de Inti Sotelo y Bryan Pintado por las protestas contra el Gobierno de facto de Manuel Merino de Lama, la investigación se encuentra suspendida. La decisión la tomó la Primera Fiscalía Penal Supranacional de Lima, a cargo de la fiscal Jhousy Aburto Garavito, el pasado 20 de julio.

La Segunda Sala de Apelaciones Nacional declaró que el caso “no tiene ninguna relevancia pública”, lo que generó la suspensión de la investigación para evitar que los involucrados se beneficien de este recurso.

Además de Merino de Lama, el caso comprende a Ántero Flores-Aráoz (exprimer ministro) y Gastón Rodríguez (exministro del Interior), así como a 11 oficiales de la Policía Nacional del Perú, por el presunto delito de homicidio culposo en la modalidad contra la vida, el cuerpo y la salud.

La polémica de este caso, que aún sigue sin resolverse por falta de una acusación directa para que sea sometida a un control y un posterior juicio, responde a que no hay juzgado que asuma la competencia.

Cuestionable

En agosto del 2021, el coronel PNP Percy Tenorio Gamonal (ex jefe de la Dirección de Operaciones Especiales), solicitó a la Primera Fiscalía Penal Supraprovincial de Lima una copia de la carpeta fiscal, con el propósito de tener conocimiento sobre los hechos que se le imputan a consecuencia de la represión policial del pasado 14 de noviembre de 2020.

Sin embargo, desde la Fiscalía hubo una negativa por la solicitud Percy Tenorio. Esta situación conllevó a que el oficial plantee una tutela de derechos ante el Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional Permanente Especializado en Crimen Organizado.

El juez resolvió que Tenorio Gamonal tenía derecho a que le den copia de la carpeta, pero que no tenía competencia. A ello, la Fiscalía apeló a esta medida, por lo que subió a la Sala de Apelaciones.

La resolución de la instancia superior sorprendió a los implicados al considerar que “no tiene ninguna relevancia pública”, pese a los 78 heridos y dos fallecidos, Inti y Bryan, lo que originó la salida de Manuel Merino del gobierno.

En específico, el juzgado especializado también determinó que el caso sea devuelto al juzgado de investigación preparatoria para que sea remitido a un órgano jurisdiccional.

Recurso de casación

El abogado del Instituto de Defensa Legal, Carlos Rivera, quien patrocina a los deudos, adelantó a La República que la Segunda Fiscalía Superior Penal Nacional Especializada en Derechos Humanos, a cargo del fiscal Daniel Alberto Jara Espinoza, presentó un recurso de casación.

El motivo de la iniciativa se sustenta en que la Corte Suprema de Justicia, que preside el juez César San Martín Castro, defina qué juzgado vea el caso.

“Sin una sentencia de recurso de casación, el caso seguirá suspendido. Tengo conocimiento que en los próximos días se definirá, pero la preocupación es que recaiga en un juzgado de delito común. Nosotros pensamos que el caso se iba a definir en noviembre, pero hasta ahora nada”, dijo Rivera a La República.