Fiscalía investiga presunta compra sobrevalorada de computadoras en gestión de María del Carmen Alva

El Cuarto Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima investiga la presunta compra sobrevalorada de 350 computadoras durante la gestión de la expresidenta del Congreso María del Carmen Alva.

La adquisición de ‘supercomputadoras’ a 7.052 soles cada una por parte del Parlamento fue revelada por el portal El Foco en mayo de este año. Luego de la publicación del citado reportaje, el referido despacho fiscal dispuso iniciar una investigación preliminar por el presunto delito de colusión en agravio del Estado.

La indagación tenía un plazo de 60 días; sin embargo, en julio de este año se acordó ampliar el periodo por otros 60 días: “Si bien se han actuado diligencias necesarias como la de solicitar documentación; además, está pendiente la toma de declaraciones de los testigos; los cuales son: José Carlos Pérez, Richard Dorado Baca (representante de la empresa protecnologia EIRL), representante de la empresa Impacto Mayorista de Cómputo y representante de la empresa Grupo Gaming Strix SAC”.

El Ministerio Público también requerirá al Legislativo copia certificada del expediente de contratación, así como los informes de Control Concurrente que —según El Foco— objetaban el precio que se destinó a la adquisición de computadoras: 2,5 millones de soles.

Asimismo, han sido citados a declarar ocho funcionarios del Congreso:

• Sonia Marcela Serruto Diaz, supervisor de la Comisión de Control
• Grecia Amalia Ardiles Rojas, jefe del Equipo de Comisión de Control del informe de control
• Paula Cecilia Martínez Ramíres, auditora del Congreso de la República
• Betty López Pfoccohuanca, jefa de Área de Abastecimiento del Congreso de la República
• Tatiana Guevara Inocente, jefa del Departamento de Logística del Congreso de la República
• Elsi Judith Kitano La Torre, coordinadora del grupo funcional de compras del Congreso de la República
• Fernanda Flores Velázquez, técnico del grupo funcional de compras del Congreso de la República
• Óscar Ríos Cassana, jefe del Área de Operaciones del Congreso de la República.

“Las diligencias señaladas en los párrafos precedentes, bajo la consideración del titular de la acción penal, son de vital importancia por tratarse de declaraciones que tienen una relación directa con los hechos materia de la presente investigación, que en su momento sustentarán la decisión postulada del representante del Ministerio Público”, se lee en la disposición fiscal.