PNP denominó “delincuentes terroristas” a protestantes para atacarlos

La Comandancia General de la Policía Nacional del Perú planificó operativos que se realizarían de cara a las protestas que iniciaron en el país desde diciembre 2022, cuando Dina Boluarte asumió la presidencia del Perú. El semanario de Hildebrandt reveló estos documentos reservados, en los que se da a conocer que autoridades identificaron a dos aparentes "bandos de combate", que fueron divididos de la siguiente manera:

1. Fuerzas amigas, en la que incluyen a instituciones como la Defensoría del Pueblo, Ministerio Público, Poder Judicial.
2. Fuerzas adversas, entre las que se encuentra la denominación “delincuentes terroristas” así como "opositores a la política gobierno de turno"

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Los documentos confidenciales, catalogados como "reservados", revelan que el liderazgo superior de la Policía Nacional planificó sus operaciones siguiendo una línea política en la que se consideraba que estaban combatiendo "fuerzas adversas" infiltradas por presuntos "delincuentes terroristas", de manera similar a lo ocurrido en la década de los 80.

En otras palabras, los planes operativos del Comando de la PNP establecen que los policías fueron enviados a reprimir las protestas y a enfrentarse con los manifestantes como si se tratara de miembros de Sendero Luminoso o de “delincuentes comunes” que se organizaron al margen de la ley para desestabilizar a este Gobierno.

Las autoridades encargadas del orden establecieron estas divisiones entre los grupos involucrados para intervenir durante las protestas que se llevaron a cabo en Juliaca, Puno. En estas manifestaciones, el 9 enero de 2023, se produjo un trágico incidente en el que 18 civiles perdieron la vida, debido a disparos de proyectiles de armas de fuego que impactaron en diversas partes de sus cuerpos como la cabeza, los ojos, el rostro, el pecho y el abdomen. Estas circunstancias han sido calificadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como una "masacre".

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La decisión de desplegar fuerzas policiales y militares para reprimir de manera amplia las protestas fue tomada por el Estado, encabezado por Dina Boluarte, quien es la máxima autoridad de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Esta determinación se fundamentó en la especulación de que las manifestaciones contrarias al Gobierno estaban siendo impulsadas por presuntos terroristas.

La presidenta Dina Boluarte ya ha sido citada por la Fiscalía y deberá responder el próximo 6 de junio por los actos que han sido calificados también por Amnistía Internacional como "violentos".

Dina Boluarte declara por el caso protestas este 6 de junio

El Ministerio Público reprogramó la citación de la presidenta Dina Boluarte y el fiscal adjunto superior, Mario Huamán, aceptó la solicitud y la mandataria declarará el próximo 6 de junio acerca de la investigación sobre los crímenes cometidos por las fuerzas del orden durante las protestas que han sido previamente documentados en informes de la comunidad internacional