“Los militares no salen a las calles porque se les da la gana”, especialistas contradicen a Alberto Otárola

En declaraciones a la Fiscalía que investiga la muerte de 48 civiles por impactos de armas de fuego del Ejército Peruano y la Policía Nacional, el primer ministro, Alberto Otárola, deslindó responsabilidad y atribuyó a los jefes militares y policiales los resultados de los planes operativos que elaboraron y ejecutaron durante las manifestaciones contra el Gobierno de Dina Boluarte.

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“No, no (fui) informado sobre los planes de operaciones. Reitero que lo que se nos informaba a los ministros era el resultado de las acciones de las Fuerzas Armadas en apoyo de la Policía Nacional, pero no sobre los planes operativos porque la dirección y ejecución de los planes operativos no corresponde al ministro de Defensa”, explicó Otárola a los fiscales Edwin Núñez Cancino y Jesús Camacho Laura que lo interrogaron el 23 de enero y 16 de febrero.

El titular de la PCM llegó a decir que desconocía el uso de armas de fuego durante la represión a las protestas en Andahuaylas, Ayacucho, Juliaca, Pichanaki y Arequipa, entre otras localidades donde se registraron fallecidos por el uso de fusiles Galil y AKM, que son de empleo oficial del Ejército y la Policía Nacional.

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“Desconozco esa información. Precisamente, eso es materia de investigación”, apuntó el primer ministro a los fiscales.

“Una decisión política”

El exviceministro de Políticas para la Defensa José Robles Montoya señaló que sí existe responsabilidad por parte de Alberto Otárola.

“Las Fuerzas Armadas jamás salen a las calles si no es por una decisión política. Para esto se necesita el estado de emergencia o la aplicación del Decreto Legislativo 1095, que son las Reglas sobre el Uso de la Fuerza (RUF). ¿La decisión política quién la toma? El ministro de Defensa, el primer ministro y la presidenta de la República porque tiene que firmar un decreto supremo y una resolución ministerial”, señaló.

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“El segundo punto es que los planes operativos de cualquier tipo de operación o acción militar, indudablemente, son responsabilidad del jefe del Comando Conjunto porque elabora y ejecuta los planes. Y los comandantes generales son responsables de que los soldados se encuentren capacitados y cumplan con sus roles estratégicos. Sin embargo, tanto el Comando Conjunto como las Comandancias Generales son órganos ejecutores del Ministerio de Defensa, no son independientes y no están a la libre”, resaltó José Robles.

"Las Fuerzas Armadas no salen a la calle porque les da la gana. Las Fuerzas Armadas salen por una decisión política. Y esa decisión política la toma el presidente de la República, el primer ministro y el ministro de Defensa. Y eso lo sabe Otárola porque es constitucionalista”, indicó el exviceministro.

También manifestó su discrepancia el excomandante general del Comando Especial del Vraem (Cevrarem) y exagregado de Defensa del Perú en los Estados Unidos, general de división EP (r) Leonardo Longa López.

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"No estoy de acuerdo con las declaraciones del ministro Otárola. Tenemos que diferenciar dos cosas: la violencia y la fuerza. La violencia es utilizada por delincuentes y eso es un delito. Y la fuerza es utilizada por el Estado, es un privilegio del Estado el uso de la fuerza legal. Para la utilización de la fuerza se necesita una decisión política y no la decisión del jefe del Comando Conjunto. Es estrictamente una decisión política. ¿Por qué? Porque políticamente se declara el estado de emergencia para que puedan actuar las Fuerzas Armadas. ¿Para qué se declara un Estado de Emergencia? Para el uso de la fuerza. Por lo tanto, Otárola es responsable político”, arguyó el general Longa.

También hizo precisiones respecto a la versión de Otárola de que los militares son los que deben responder los fallecidos.

“El jefe del Comando Conjunto no decide el empleo de la fuerza. A él le ordenan. ¿Y quiénes le ordenaron? Los que declararon el estado de emergencia. La presidenta, el primer ministro y el ministro de Defensa. El ministro es el responsable político y no las Fuerzas Armadas”, resaltó el general Leonardo Longa.

Lo penal y lo político

Otárola también expresó a los fiscales que investigan el fallecimiento de 48 civiles que la directiva de la presidenta Dina Boluarte y de la suya, como ministro de Defensa y luego como primer ministro, a las autoridades del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional fue siempre respetar la vida de los ciudadanos. Sin embargo, los muertos por impactos de bala disparados por fusiles Galil y AKM fueron creciendo.

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“(Los) pedidos (de respetar la vida) fueron de manera verbal y a través de un mensaje de WhatsApp dirigido al jefe del Comando Conjunto, con el siguiente texto: ‘General, esto ha escrito la señora PR (presidenta). Como se dijo desde el primer día, el uso de la fuerza debe ser siempre dentro de las reglas y marco legal establecido. La prioridad es la vida de los ciudadanos. Saludos’”, relató el titular de la PCM.

“La responsabilidad jurídica penal y la responsabilidad política son diferentes. La responsabilidad política la asumen los ministros por todos los hechos que ocurran en el ámbito de su sector. Y se hace efectiva con la destitución de su cargo ministerial. Por consiguiente, si el ministro de Defensa dio la orden de que, en la represión de las movilizaciones y protestas, se priorice la vida de las personas y, a pesar de esa orden, se perpetró una masacre, es él —no los militares—quien soporta la responsabilidad política por esa tragedia”, afirmó el constitucionalista Omar Cairo Roldán.

“La presidenta de la República debió hacer efectiva esa responsabilidad destituyéndolo (a Alberto Otárola). Sin embargo, no lo hizo. Por el contrario, lo promovió nombrándolo presidente del Consejo de Ministros.

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Reacciones

José Robles Montoya, exviceministro de Defensa

“¿La decisión política quién la toma? El ministro de Defensa, el primer ministro y la presidenta de la república, porque tiene que firmar un decreto supremo y una resolución ministerial”.

Leonardo Longa López, general de Div. EP (r)

“El jefe del Comando Conjunto no decide el empleo de la fuerza. A él le ordenan. ¿Quiénes? Los que declararon el estado de emergencia... El ministro es el responsable político y no las Fuerzas Armadas”.

Omar Cairo Roldán, constitucionalista

“Boluarte debió hacer efectiva esa responsabilidad destituyéndolo (a Otárola). Sin embargo, no lo hizo. Por el contrario, lo promovió nombrándolo presidente del Consejo de Ministros”.