La presidenta Dina Boluarte optó por no sentar una postura concreta sobre el cuestionado proyecto de ley de la congresista de Avanza País Rosselli Amuruz, con el que se pretende remover intempestivamente de sus cargos al jefe del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), el juez supremo Jorge Luis Salas Arenas, y el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto.
En conferencia de prensa celebrada tras la sesión del Consejo de Ministros, Boluarte Zegarra recalcó que “es una propuesta reciente”, por lo que consideró que “habría que (...) ir valorando”.
“Creo que las funciones que ambos organismos autónomos dan a la sociedad son de alta garantía, toda vez que ellos son los encargados de llevar a cabo los procesos electorales. En consecuencia, hay que mirar con calma esa iniciativa de acortar el tiempo (mandato). Estaremos mirando con cautela para que estos organismos autónomos lo que tienen que hacer dentro de sus funciones es darle la mejor respuesta a la población peruana. Sobre todo, cuando son los encargados, reitero, de llevar a cabo las elecciones tanto generales como regionales y municipales”, declaró la mandataria.
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El JNE y la ONPE, a diferencia de la presidenta, sí expresaron su rechazo al proyecto planteado por Amuruz: “Sin ninguna argumentación valedera, pretende vulnerar la autonomía de los organismos constitucionales, soslayando el proceso de designación de sus titulares previsto en la Constitución por el lapso de cuatro años”.
En su exposición de motivos, la congresista Rosselli Amuruz alega que “es conveniente” recortar el mandato de Salas Arenas y Corvetto Salinas “a fin de construir confianza en el país”.
Reviviendo la falsa teoría del fraude electoral, la parlamentaria dice que “en las últimas elecciones se rompió la confianza en las instituciones del país” y sostiene que ello garantizará la neutralidad en los comicios generales de 2024.
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En su comunicado, el JNE y ONPE rebaten los argumentos de Amuruz Dulanto: “Los organismos del sistema electoral brindan legitimidad de origen a las autoridades electas, mas no legitimidad de desempeño (que corre por cuenta de cada uno de los elegidos)”.