Designan a Javier León, exasesor del Congreso investigado por fraude, como nuevo procurador general

Javier Wilfredo León Mancisidor ha sido designado este jueves 6 de octubre como el nuevo procurador general del Estado en reemplazo de María Aurora Caruajulca Quispe.

El nombramiento quedó oficializado por la resolución suprema 189-2022-JUS, del Ministerio de Justicia, que fue publicada en el diario oficial El Peruano.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

El nombre de Javier León ya es conocido, debido a que es investigado por la Décima Fiscalía Penal Provincial de Lima por apropiación ilícita para delinquir, falsificación de documentos y fraude procesal por permitir al preso narcotraficante Fernando Zevallos ‘Lunarejo’ evitar el desalojo de su familia de su lujosa residencia de Las Casuarinas, la cual está valorizada en un millón de dólares.

Cabe resaltar que en 2013, mientras ya era investigado, León Mancisidor se desempeñaba como asesor del despacho del congresista fujimorista Carlos Tubino.

En ese entonces, el parlamentario de Fuerza Popular manifestó que había contratado al abogado debido a una recomendación para ocupar el lugar de uno de sus asesores que había dejado de laborar en su oficina. Asimismo, señaló que no tenía conocimiento de las investigaciones por parte de la Fiscalía que se seguían en contra de su trabajador.

Cambios en la Procuraduría

Este jueves 6 también se publicó una resolución suprema que da por concluida la designación de María Caruajulca Quispe como procuradora general del Estado.

En el documento se especifica que, según la Ley 29158, el presidente de la República “puede remover por causal de pérdida de confianza a los titulares, jefes, presidentes o integrantes de los consejos directivos o directorios de los organismos públicos, con excepción de los organismos reguladores que actúan en representación del Poder Ejecutivo”.

Hace una semana, la Contraloría advirtió que habría irregularidades en la designación de Caruajulca, debido a que el Minjus y la Procuraduría no habrían cumplido con pedir la declaración jurada sobre la comisión de faltas de idoneidad en la defensa jurídica del Estado.