El Congreso busca un mayor control sobre el TC
Proyectos de ley buscan transformar radicalmente el TC al habilitar la reelección de magistrados y aumentar el número de miembros. No se plantea algún cambio en el procedimiento de designación.
Tras una elección poco transparente de un defensor como Josué Gutiérrez en 2022 y la selección de un contralor general cómodo como César Aguilar, el Congreso ahora iría por el Tribunal Constitucional. Y es que, solo en los últimos dos meses, se han presentado tres proyectos de ley que apuntan a modificar radicalmente al máximo intérprete de la carta magna.
Se trata de los proyectos de ley 8801, 9096 y 9350. Las dos primeras iniciativas fueron presentadas por la parlamentaria del Bloque Magisterial Elizabeth Medina, mientras que la última fue ingresada por el legislador de Renovación Popular Alejandro Muñante.
La primera iniciativa de Medina plantea que el TC conozca en última y definitiva instancia los procesos de hábeas corpus, amparo, hábeas data, y acción de cumplimiento, incluso si la resolución de segunda instancia es favorable al demandante. Esto habilitaría a que la parte demandada pueda recurrir al TC vía un recurso de agravio constitucional, lo que en la práctica hará que el número de expedientes que llegan a esta instancia incremente.
Proyecto que elevaría la carga procesal del TC.
Relección y más magistrados
El segundo proyecto de la parlamentaria Medina propone modificar lo que ha estado prohibido desde la imposición de la Constitución de 1993: la reelección de magistrados del TC.
“Un mes antes de culminar su período, el Senado puede ratificarlos en el cargo, por un período adicional, salvo oposición o negativa expresa de los magistrados del Tribunal Constitucional involucrados”, es la modificación al artículo 201 de la Constitución que propone la parlamentaria del Bloque Magisterial.
Proyecto para habilitar la reelección de magistrados del TC.
En su exposición de motivos, la legisladora es consciente de que prohibir la reelección de magistrados garantizaría que estos alineen sus sentencias con algún espectro político o “sucumban a las presiones de estos” con la finalidad de ganar su permanencia en el cargo. Sin embargo, afirma que dicha garantía es “relativamente débil” porque “un magistrado igual podría emitir sus sentencias con miras a lograr otro puesto público o privado de dejar el cargo”.
Sostiene que habilitar la reelección alinearía al Perú al modelo de otros tribunales constitucionales del mundo, “reforzaría” la seguridad jurídica y “favorecería” los consensos parlamentarios.
El último proyecto de ley que propone intervenir el TC fue presentado por el congresista Alejandro Muñante, quien propone elevar el número de magistrados de siete a nueve. El objetivo de la modificación, afirma, es “optimizar el funcionamiento de la justicia constitucional”.
Con el incremento de número de magistrados, Muñante sostiene que las causas podrían resolver rápidamente. En efecto, al tener más 9 magistrados habría dos efectos inmediatos: mayor producción de ponencias de sentencias y conformación de una sala adicional. Esto permitiría que los plazos de resolución de causas se reduzcan considerablemente. Y es que para un hábeas corpus o un amparo el TC puede demorar hasta un año, pese a que son recursos de tutelas de derechos.
“Prácticamente el 100% de la carga que conoce el Tribunal Constitucional es sobre tutela de derechos. Los procesos orgánicos, son mediáticos, pero estadísticamente marginales, ya que no llegan ni siquiera al 1% de su carga total”, dice Muñante en base a estadística del TC.
Sin embargo, el proyecto no abarca un problema que arrastra desde hace años y que provocó que el expresidente Martín Vizcarra disuelva el Congreso en 2019: el proceso de selección de magistrados.
El TC tiene su origen en el Tribunal de Garantías Constitucionales que se implementó por primera vez con la Constitución de 1979. Estaba conformada por nueve miembros: tres elegidos por el Congreso, tres por el Ejecutivo y los últimos tres por la Corte Suprema. Es decir, había variedad. Esto cambió con la Constitución Política de 1993: el número de magistrados se redujo a siete y estos eran elegidos únicamente por el Congreso. Por ello es que se cuestiona la independencia del TC.