Los procesos de expulsión de los congresistas de Acción Popular (AP) investigados en el caso Los Niños han vuelto a foja cero en esta agrupación.
En octubre del año pasado, cuando el secretario general era Edmundo del Águila Morote, el partido había resuelto expulsar a seis parlamentarios de AP: Elvis Vergara, Juan Carlos Mori, Ilich López, Jorge Flores, Raúl Doroteo y Darwin Espinoza. Sin embargo, la dirigencia no había inscrito a las salas 1 y 2 del Tribunal Nacional de Disciplina (TND) ante el Registro de Organizaciones Políticas (ROP).
De eso se valieron los legisladores para alegar que la expulsión no tenía efecto.
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El 27 de octubre, el entonces personero titular de AP, Antonio Gordillo, solicitó la inscripción de las salas 1 y 2 de los TND. Sin embargo, el 9 de febrero el personero alterno, Fernando Arias Stella, desistió de la inscripción.
Del Águila Morote asegura que Arias Stella no dio explicaciones al respecto y señala que esa decisión impidió que los seis parlamentarios sean expulsados.
El nuevo secretario general, Juan Abad, respondió a este diario que el error en la gestión de su antecesor fue haber procedido con la expulsión sin haber inscrito al tribunal previamente. Su argumento es que no se puede primero sancionar y luego registrar a los sancionadores.
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Este mes, Arias Stella logró el registro. El 13 de mayo, el ROP aprobó la formalización de las dos salas de los TND.
Con ello, el partido Acción Popular puede procesar a los congresistas. El problema es que todos los casos volvieron a foja cero.
La anunciada expulsión en el periodo del exsecretario general Del Águila quedó sin efecto. Aunque él considera que si hubiera voluntad política, “el tribunal podría hacer suyas las anteriores resoluciones, analizarlas y ratificarlas”. Pero eso no sucederá.
Al día siguiente hubo una reunión en el local de Acción Popular en el Centro de Lima entre el secretario Abad y los congresistas de la bancada Luis Aragón, Marleny Portero, Wilson Soto, Elvis Vergara, Jorge Flores y Darwin Espinoza. Abad cuenta que el encuentro fue a pedido del nuevo vocero, Vergara. Le sorprendió, agregó, que haya asistido Espinoza.
La relación entre ambos no es de las mejores. En esa encuentro, informó Abad, le pidieron a Espinoza dejar el local de AP en Áncash. Esta condición surgió tras el reportaje de ‘Punto final’ que señala a Espinoza de haber utilizado recursos públicos para inscribir el movimiento regional Adelante Áncash.
Espinoza dijo a este diario que la gestión de Abad busca exclusivamente expulsarlo del partido, pero no a sus demás colegas. Señala, además, que Abad y su correligionario Ilich López son cercanos y que la sobrina del secretario general trabaja en el despacho de López.
Según el portal de transparencia del Congreso, Tania Abad es asesora principal del parlamentario López. El secretario de AP, Juan Abad, rechaza las declaraciones de Espinoza. “Mi sobrina trabaja desde el primer día que inició este Congreso. Es independiente”, sostiene.
Por ahora, añade Abad, la Secretaría de Disciplina solo ha denunciado a tres militantes: Darwin Espinoza y su asesor Juan Vidal Paroy, tras el informe de ‘Punto final’, y Raúl Doroteo, por presunto de recorte de sueldo. Otros 14 congresistas de AP serán procesados, dice Abad. Pero es una incógnita el resultado.
Otro acuerdo en la reunión fue que los congresistas disidentes de AP, María del Carmen Alva, Ilich López, Juan Carlos Mori, Edwin Martínez, Silvia Monteza, Carlos Alva y Karol Paredes, regresen al grupo parlamentario.
Eso no significa el fin de las diferencias, sobre todo cuando en Acción Popular están a un mes de elegir a su presidente.