Al cierre de esta nota, el Congreso logró dar el zarpazo contra dos magistrados de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) que resultan incómodos para los intereses de la coalición conformada por el fujimorismo y sus bancadas satélites. Se trata de los magistrados Aldo Vásquez e Inés Tello, quienes resultaron inhabilitados por 10 años de la función pública.
Con la venia de Fuerza Popular, Perú Libre, Alianza para el Progreso (APP), Bloque Magisterial, Renovación Popular, Avanza País, Podemos Perú, Acción Popular, Somos Perú y un sector de los parlamentarios no agrupados, la magistrada Inés Tello fue destituida con 67 votos a favor.
La controversia en este veredicto fue porque el congresista José Luna Gálvez, de Podemos Perú, había votado a favor. Según la página web del Congreso, es miembro de la Comisión Permanente. Los integrantes de dicha comisión no pueden votar en el Pleno en un proceso de denuncia constitucional.
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Celebra la coalición. El fujimorismo y sus congresistas aliados en el Hemiciclo, en la víspera del zarpazo contra la JNJ. Foto: Marco Cotrina/La República
Sin el voto de Luna Gálvez, la coalición fujicerronista no hubiera conseguido la mayoría simple de votos (67).
La magistrada Tello le envió un oficio al presidente del Congreso, Alejandro Soto, para demandarle que declare inexistente el acuerdo adoptado en su contra. “En la sesión de hoy se indicó que la acusación constitucional en mi contra alcanzó los 67 votos, pero el voto indebidamente considerado para llegar a ese número de votos es del congresista José Luna Gálvez, quien es integrante de la Comisión Permanente”, sostuvo la abogada.
Tello le recalcó a Soto que no dejará el cargo: “A la luz de la Constitución y del reglamento del Congreso, considero que sigo siendo miembro de la JNJ”.
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El Congreso, mediante un comunicado, se aferró a su decisión, alegando que Luna Gálvez estaba habilitado para votar porque no participó en la sesión de la Permanente cuando se aprobó el informe final contra Tello.
El delegado. Congresista Esdras Medina. Foto: Marco Cotrina/La República
El Parlamento inhabilitó a Tello porque consideran que la JNJ no respetó la Constitución al interpretar que ella no puede seguir en el cargo al superar los 75 años de edad. Sin embargo, la Carta Magna también señala que los miembros de la Comisión Permanente no pueden votar el informe final de una denuncia constitucional en el Pleno.
Pero en este caso, en la Mesa Directiva prefieren interpretar la Constitución a su antojo. Dos constitucionalistas refutaron a este institución.
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“La práctica del Congreso de que si no se votó en la Comisión Permanente se puede votar en el Pleno (aunque sea integrante de la Comisión Permanente) va contra la Constitución y el propio reglamento del Congreso”, comentó la abogada y exministra de Justicia Ana Neyra.
“El artículo 100 de la Constitución es enfático en señalar que el Congreso sin participación de la Comisión Permanente inhabilita al funcionario acusado. Interpretar que quien no votó en la Comisión Permanente está habilitado para votar en el Pleno es distinguir donde la Constitución no lo hace”, enfatizó el jurista Luciano López.
Esta polémica provocó que la congresista de Cambio Democrático Ruth Luque plantee una reconsideración para volver a votar la acusación contra Tello en el Hemiciclo. Pero su solicitud no prosperó: 80 parlamentarios del fujicerronismo y sus bancadas satélites cerraron filas.
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APP. Bancada de Alejandro Soto y Eduardo Salhuana apoyó inhabilitación de Tello y Vásquez. Foto: Marco Cotrina/La República
Con ello insistieron con la destitución e inhabilitación.
El vicepresidente de la Junta Nacional de Justicia, Aldo Vásquez, fue el siguiente en la mira. Cuando el Pleno realizó la primera votación, los aliados no llegaron a la mayoría simple de votos: 65 congresistas estuvieron a favor, 24 en contra y 3 se abstuvieron. Eso impidió, por unas horas, su inhabilitación.
Ante eso, los partidos de Keiko Fujimori y Vladimir Cerrón, Fuerza Popular y Perú Libre presentaron respectivamente dos pedidos de reconsideración para volver a votar la inhabilitación del magistrado Vásquez.
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La solicitud fue aprobada y otra vez fue sometida a votación la resolución legislativa contra el vicepresidente de la JNJ.
Al final, el exministro de Justicia fue inhabilitado con 67 votos. Fue determinante que los congresistas Jorge Flores y Raúl Doroteo, de Acción Popular, y Jorge Marticorena, de Perú Bicentenario, se sumen. Doroteo y Flores, cabe recordar, son investigados en el caso Los Niños.
En esta decisión volvió a votar el fundador de la Universidad Telesup, José Luna Gálvez.
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Moviendo hilos. Miguel Torres, asesor fujimorista, coordina en el Pleno. Foto: John Reyes/La República
La coalición que domina el Congreso no logró la mayoría simple para sacar del camino a los demás magistrados Antonio de la Haza, Imelda Tumialán, María Zavala, Henry Ávila y Guillermo Thornberry.
Con el consejero Antonio de la Haza, solo 51 parlamentarios votaron a favor. La coalición congresal interpuso un pedido de reconsideración para volver a votar.
El magistrado Ávila quedó a salvo porque solo 48 legisladores resolvieron a favor. Se queda pese a que ha renunciado al cargo. El mismo desenlace hubo con sus homólogos Tumialán, Thornberry y Zavala: 49, 46 y 45 votos a favor respectivamente.
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Al cierre de esta nota, el primer vicepresidente de la Mesa Directiva, Arturo Alegría, suspendió la sesión hasta este lunes 11 de marzo. Se aprobó la reconsideración contra De la Haza, pero quedó pendiente votar su inhabilitación.
Como se sabe, esta acusación constitucional parte de una interpretación jurídica del Congreso respecto a la permanencia de Tello. Cuando Vásquez fue presidente de la JNJ, esta institución resolvió que Tello podía continuar en el cargo porque el límite de edad de 75 años solo aplica para postular a magistrado.
En el Congreso interpretaron que ese requisito también aplica para dejar el mandato cuando se supere dicha edad. Pero el trasfondo fue otro: Vásquez y Tello tienen procesos disciplinarios en marcha contra la fiscal Patricia Benavides. La extitular del Ministerio Público es investigada por integrar una presunta organización criminal que jugó en pared con este Parlamento para capturar el sistema judicial.
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En las declaraciones del exasesor de Benavides Jaime Villanueva quedó al descubierto que parte de ese plan era desarticular a la Junta Nacional de Justicia. Tras la suspensión de Benavides, el fujicerronismo y sus aliados no dieron tregua a esta institución.
En la mira. La Fiscalía investiga a 14 congresistas por el caso de Patricia Benavides. Ellos son Patricia Chirinos, Martha Moyano, José Balcázar, Alejandro Soto, José Williams, César Revilla, José Jerí, Luis Cordero Jon Tay, Katy Ugarte, Edgar Tello, Germán Tacuri, Ilich López, Jorge Flores y Luis Aragón.
Promotoras. Moyano y Chirinos fueron parte del bloque parlamentario que impulsó la destitución de la JNJ.