Alejandro Soto habría cobrado irregularmente más de S/20.000 en dietas como regidor
La Contraloría detectó, en el 2008, el presunto ilícito del ahora titular de la Mesa Directiva. Tras denunciarlo, el Poder Judicial determinó el pago de una indemnización que, hasta la fecha, no ha sido cumplida por el integrante de APP.
Una nueva denuncia apareció contra el presidente del Congreso de la República, Alejandro Soto, quien podría —en las próximas semanas— enfrentar un pedido de censura frente al incremento de los cuestionamientos en su contra. De acuerdo con un informe de ‘Panorama’, la Contraloría denunció, en el 2008, a Soto Reyes por presuntamente haber cobrado dietas por sesiones y reuniones a las que no asistió. Este gasto generó un perjuicio de S/21.092 al presupuesto del municipio de Santiago, donde se desempeñaba como regidor en Cusco.
"La Ley Orgánica de Municipalidades establece que los regidores tienen derecho a percibir su dieta, pero esta dieta es por sesión efectivamente asistida", dijo el especialista en derecho electoral Julio Silva al dominical.
En esta línea, el integrante de Alianza para el Progreso habría cobrado por sesiones ordinarias de la Municipalidad de Santiago y por sesiones solemnes. Al respecto, estos son eventos protocolares organizados por el municipio que no están considerados dentro de la ley como parte de las sesiones admitidas para el pago de dietas.
Tras la denuncia de la Contraloría, pasaron seis años para que el Primer Juzgado de Paz Letrado sentenciara en materia civil a Alejandro Soto y lo obligara a pagar una indemnización equivalente al monto cobrado al municipio de Santiago.
"(Se declara) fundada la demanda contra Alejandro Soto sobre la indemnización de daños y perjuicios por inejecución de obligaciones. En consecuencia, ordeno que el demandado pague la suma de 20.642 nuevos soles en favor del Estado", se lee en la resolución.
Finalmente, Alejandro Soto apeló, pero su recurso no prosperó. En el 2015, se confirmó la sentencia; no obstante, desde esa fecha, solo ha cancelado S/1.000 argumentando que no contaba con recursos económicos para cancelar la indemnización. En el 2018, se envió el caso al archivo transitorio, sin embargo, eso no cancela el requerimiento del pago por los daños ocasionados.