Congresistas impulsan ley para salir del sistema interamericano de derechos humanos

La bancada de Renovación Popular, con el congresista Jorge Montoya como principal autor, presentó ayer una propuesta de ley que “tiene como objetivo la denuncia de la Convención Americana de Derechos Humanos”. De aprobarse esta norma, la presidenta de la República tendrá un plazo de 30 días para interponerla. En caso de que se oponga, deberá sustentar su postura ante el Pleno.

De esta forma, este partido de derecha ultraconservadora pretende imponer que el jefe de Estado arremeta contra el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, al que se encuentra adscrito nuestro país desde 1978.

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Para el constitucionalista Omar Cairo, este proyecto de ley es contraria a la carta magna. “Porque la atribución de denunciar los tratados es del presidente. No tiene sentido. Cuando la denuncia se refiere a tratados de derechos humanos, esta debe ser aprobada previamente por el Congreso, pero la atribución es del presidente. El Congreso no tiene la atribución de denunciar, solo de aprobar o no la denuncia que plantea el presidente”, precisó Cairo.

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La Constitución señala en su artículo 57 lo que enmarca Cairo. El Congreso, sostuvo el jurista, no puede forzar al presidente a interponer tal denuncia y menos imponerle un plazo.

El abogado de derechos humanos Ronald Gamarra sostiene que la propuesta de Renovación Popular “plantea el regreso a las cuevas y los garrotes, al nivel de la tiranía de Chávez y Maduro sobre Venezuela y la dictadura de Ortega sobre Nicaragua”.

Este proyecto deberá ser discutido en la Comisión de Justicia, presidida por Américo Gonza Castillo, de Perú Libre. En esta comisión ordinaria también nació el dictamen de la ley mordaza.

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Recordemos que gracias a la Convención Interamericana de Derechos Humanos existen la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

La propuesta de Renovación Popular va en línea con las posturas de Daniel Ortega, dictador de Nicaragua, quien ordenó expulsar a la CIDH en 2018 y Nicolás Maduro, quien en 2013 denunció la Convención.

Desde que se emitió el informe de la CIDH sobre la situación en nuestro país tras las protestas en regiones contra Boluarte, los aliados de la extrema derecha han puesto el foco contra el sistema interamericano.

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Mientras tanto, Perú Libre aún no adopta una postura clara ante la Convención Interamericana. Pero el 19 de mayo del 2022, su líder Vladimir Cerrón calificó a este organismo de esta manera: “Su sede está en Washington, la mayoría de trabajadores son de su país, nos fiscalizan con este organismo, pero no es miembro. No en vano Rafael Correa lo llamaba ‘comisaría de cuarta categoría’”.

Cuando se trata de cuestionar a este tratado, los extremos aparentan coincidir. Y ahora la discusión sobre su validez está en manos de un Congreso que, según la última encuesta del IEP, tiene 6% de aprobación.