En la Comisión de Ética del Congreso se encuentran varios casos en proceso de investigación y/o audiencias, y también otros en etapa de indagación preliminar. Algunos de los casos que se ventilan en este grupo de trabajo corresponden a los legisladores que han sido denunciados por recortar los sueldos de sus trabajadores. Entre ellos están los de María del Pilar Cordero Jon Tay (expulsada de Fuerza Popular), María Acuña (Alianza para el Progreso), Rosio Torres (pidió licencia a Alianza para el Progreso), Heydi Juárez (Podemos Perú), Magaly Ruiz (pidió licencia a Alianza para el Progreso) y Katy Ugarte (no agrupada).
De estas tres últimas, ya se cuenta con los respectivos informes de calificación. Asimismo, la comisión aprobó el lunes iniciar una indagación preliminar en contra de José Arriola (Acción Popular) por una denuncia similar, de recortar el sueldo de los trabajadores de su despacho a través de la modalidad de donaciones. Ese mismo lunes se acordó también empezar una indagación preliminar en contra de la congresista Hilda Portero (Acción Popular) por, presuntamente, usar aportes de sus trabajadores de confianza con el fin de realizar donaciones.
Caso aparte es el de Los Niños. En este, se incluye a los ya mencionados Katy Ugarte, Hilda Portero y José Arriola. Junto a ellos, la comisión investiga a Wilson Soto, Silvia Monteza, Edwin Martínez, Luis Aragón (Acción Popular); Germán Tacuri, Francis Paredes, Paul Gutiérrez, Segundo Quiroz y Edgar Tello (Bloque Magisterial); Carlos Zeballos (Podemos Perú); Américo Gonza (Perú Libre); Óscar Zea y Carlos Alva (no agrupados).
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Además, en Ética se ventilan otros casos, como los de Héctor Valer (Somos Perú) por supuestamente solicitar a su asesora principal, Marilyn Elena Mamani, que saque a pasear a su mascota, además de encargarle los pagos administrativos de su vivienda; el de Luis Cordero Jon Tay (Fuerza Popular) por su presunta relación con el ciudadano español Jorge Hernández Fernández, cercano al expresidente Pedro Castillo; y el de Juan Carlos Lizarzaburu (Fuerza Popular) por llamar “mantel de chifa” a la wiphala.
Sus casos también se encuentra a nivel de la Comisión de Ética y de la Fiscalía de la Nación. Foto: composición de Jazmín Ceras/La RepúblicaLR
La Comisión de Ética ha estado especialmente ocupada en este quinquenio parlamentario, que empezó en julio de 2021. De acuerdo con un reporte de la Agencia Andina, hasta inicios de abril de este año, dicho grupo de trabajo evaluó 117 denuncias contra congresistas. De ese total, 91 fueron archivadas, mientras que 11 finalizaron con una recomendación de sanción. A raíz de los informes de Ética han sido sancionados Freddy Díaz Monago, que ganó su curul en la lista de Alianza para el Progreso. Fue finalmente expulsado de la representación nacional acusado de violación sexual.
La segunda sanción fue contra Enrique Wong Pujada (no agrupado), quien fue denunciado por haber ejercido influencia en el nombramiento de su asesor como presidente del directorio de la Empresa Nacional de Puertos (Enapu). Cabe señalar que en paralelo a los procesos que se llevan adelante en la Comisión de Ética, el Ministerio Público (MP) ha abierto investigaciones preliminares contra los congresistas señalados por recortar los sueldos de los trabajadores asignados a sus oficinas. De hecho, la Fiscalía ha realizado diligencias en el Congreso en más de una oportunidad. Por ejemplo, el martes un equipo de fiscales recabó información sobre María Acuña.
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La Fiscalía también investiga a los legisladores involucrados en el caso Los Niños. Un informe del diario El Comercio dio cuenta de que, de los 69 congresistas que votaron a favor de elevar a cuatro años la pena privativa de libertad por el delito de difamación, al menos 25 de ellos cuentan con investigaciones en el MP.
“Nosotros hemos pedido información a Oficialía Mayor. Esperamos tener la respuesta sobre estos tres casos”, declaró el miércoles a TV Perú la presidenta de la Comisión de Ética, Karol Paredes. Se refiere a la denuncia de ‘Punto final’ contra Silvana Robles (Perú Libre), Raúl Doroteo (Acción Popular) y Javier Padilla (Renovación Popular) por haber solicitado reembolsos por uso de combustible en viajes que no correspondían a sus funciones.