Congreso: bancada de Fuerza Popular expulsa a María Cordero tras presunto recorte de sueldos

Decisión. Este medio de comunicación pudo conocer que la bancada congresal de Fuerza Popular acordó, por unanimidad, expulsar a María Cordero Jon Tay. Minutos después, publicaron el siguiente comunicado.

PUEDES VER: Acuerdan ceder más poder a la Comisión Permanente ante el cierre del Congreso

El acuerdo aconteció luego de varios remezones en el fujimorismo. El 16 de abril, el dominical "Punto Final" expuso unos audios en los que se escucha a Cordero Jon Tay exigirle hasta el 75% del sueldo a uno de sus trabajadores. La justificación dicha fue para terminar de pagar los gastos de campaña y abonar sumas de dinero al patriarca de su partido.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Ese mismo día, su colega Patricia Juárez Gallegos solicitó retirarla de la Comisión Permanente y demás grupos ordinarios del poder del Estado desaprobado por 9 de cada 10 peruanos.

El 18 de abril, la Secretaría Nacional de Ética y Disciplina del fujimorismo rechazó la dimisión de María Cordero. Prefirió "continuar con el proceso de expulsión" del partido. Si bien la representación congresal la removió este 9 de mayo, Fuerza Popular todavía no lo hace.

PUEDES VER: Isabel Cortez: asesores de congresista renuncian tras condecoración de Dina Boluarte

En esa misma fecha, la legisladora Martha Moyano la denunció constitucionalmente. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) aprobó la acusación. Se espera que la próxima semana se presente el informe final. De seguir la ruta, la definición de su porvenir será en el Pleno.

Cordero Jon Tay también es investigada en el Ministerio Público por el presunto delito de concusión, así como tantos otros congresistas acuñados como los 'mochasueldos'.

Otro hipotético delito por el que podría ser indagada

En los clips de audio develados en el dominical anteriormente referido, Cordero Jon Tay aseguró gastar US$300.000 durante los últimos comicios generales del 2021. Ese monto fue omitido del registro en la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), por lo que podría ser investigada por el presunto delito de financiamiento prohibido de organizaciones políticas, como informó La República.