Desmarque. A la salida de la Comisión de Ética, la congresista no agrupada Katy Ugarte contó que ayer, 9 de abril, recién “se enteró“ de la presunta “colecta“ hecha para mejorar su imagen en medios de comunicación cusqueños. Quien fue su subordinado, Wilber Silvestre Felices Villafuerte, quizás reunió la mensualidad acordada en el despacho de la experulibrista. Chats filtrados por “Cuarto poder" expusieron la existencia de cuotas mensuales de S/200 y hasta S/400. El monto máximo recaudado habría sido de S/2.000. Ambos, Felices y Ugarte, son investigados preliminarmente en el Ministerio Público.
Pero Ugarte aseguró desconocer el hecho. Ella dijo que sus pasados trabajadores deberán “responder a la justicia“. Lo cierto es que ella también está incluida en la carpeta fiscal por el supuesto ilícito de concusión. El pedido de apertura indagatoria fue propuesto por el procurador general del Estado, Daniel Soria Luján. El Ministerio Público de Liz Patricia Benavides Vargas, investigada en la Junta Nacional de Justicia (JNJ), lo atendió rápido.
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Ugarte habría utilizado su puesto de poder para obligar a sus excontratados a “dar o prometer indebidamente, para sí o para otro, un beneficio patrimonial". En este caso, de acuerdo a la información de “Cuarto poder“, se pretendió difundir los proyectos de ley y la actividad congresal en diferentes medios que operan en Cusco, región representada por Ugarte.
“Como está bastante cuestionada la parlamentaria, enviaba comunicados, proyectos de ley; y eso evidentemente no es gratis, nadie lo va a pasar gratis”, relató para el informe el reportero Juan Manuel Chara, de QTV Noticias del Cusco.
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El asesor principal de la congresista, Roger Adolfo Torres Pando, admitió haberles hecho transferencia vía Yape a los comunicadores de la oficina. Ellos, en los viajes al Cusco, se comunicaban con los periodistas para que los acompañaran en sus actividades.