Santiváñez compró fusiles a empresa FAME cuestionada por la Contraloría

La Contraloría General de la República confirmó a este periódico que cuatro funcionarios de la empresa estatal Fábrica de Armas y Municiones del Ejército (FAME), a quienes se atribuye haber presuntamente favorecido a la compañía Industrias de Armas de Israel (IWI, por sus siglas en inglés), son sometidos a un proceso de rendición de cuentas.

El 14 de junio del 2024, la Oficina de Control Institucional (OCI) del Ministerio de Defensa, dependiente de la Contraloría, emitió un informe de auditoría en el que recomendó que cuatro funcionarios de FAME deslinden responsabilidades por la contratación de IWI para el suministro de 10.000 fusiles de asalto Arad 7 de calibre 7,62 x 51 mm, que luego fueron vendidos al Ejército del Perú.

En la mencionada auditoría, la Contraloría señaló que los funcionarios de FAME, el gerente general Marco Vega Oliveros; el jefe de Asesoría Jurídica, César Álvarez Flores; el gerente comercial, Leoncio Ugas Noriega Moreano; y el gerente de Administración y Finanzas; actuaron en beneficio de la compañía IWI y en desmedro de los recursos públicos.

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Pese a estos graves cuestionamientos, el ministro del Interior, Juan Santiváñez, anunció la adquisición por intermedio de FAME de 7.000 fusiles Arad 5 calibre 5,56 x 45 mm para la Policía Nacional, fabricados por la misma empresa IWI.

Santiváñez ha justificado su decisión de adquirir los fusiles Arad 7 basándose en la ley FAME n° 31684. El ministro del Interior arguye que dicha norma lo “obliga” a contratar con FAME, lo que resulta completamente falso.

La República consultó con la Contraloría y ratificó que está en curso un proceso contra cuatro funcionarios de FAME, por haber dado abiertamente ventajas a la compañía IWI, la misma que fabrica los fusiles Arad 5 que ha contratado el ministro Santiváñez.

La ley FAME en ninguno de sus artículos condiciona a las Fuerzas Armadas ni a la Policía Nacional contratar directamente, sin licitación, concurso de precios o evaluaciones técnicas, con la Fábricas de Armas y Municiones del Ejército (FAME).

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Contraloría informó a La República:

“El 14 de junio del 2024, la Contraloría General comunicó el Informe de Auditoría de Cumplimiento n° 018-2024-0848-AC ‘Proceso de adquisición y suministro de 10.000 fusiles de asalto modelo Arad 7 calibre 7,62 x 51 mm para la III División del Ejército’ al ministro de Defensa, el comandante general del EP y al gerente general de FAME”.
Y añadió:

“En el informe se determinó la existencia de una observación en la que se estableció presunta responsabilidad administrativa funcional (entidad) a un oficial del Ejército peruano y a tres funcionarios de FAME SAC. A la fecha, se encuentran pendientes de implementación las recomendaciones a cargo del EP y FAME, entre las cuales se encuentra el deslinde de responsabilidades a los cuatro involucrados en dicho informe. Cabe precisar que el plazo máximo para seguimiento de las recomendaciones vencería el 17 de junio del 2026, de acuerdo a la normativa interna”.

Mientras no se resuelva esta controversia que pone seriamente en duda la transparencia de los funcionarios de FAME al contratar con IWI, el ministro del Interior, Juan Santiváñez, debió buscar otra fórmula para abastecer a la Policía Nacional de nuevos fusiles de asalto.

En particular, porque no se trata de cualquier adquisición, sino del reemplazo de los AKM que han estado en servicio de 30 años.
Sustituir el AKM por los Arad 7, que no ha sido seleccionado entre otros competidores mediante pruebas de fuego y de resistencia, por los mismos usuarios, pone en riesgo la vida de los policías.

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Mininter no está obligada a contratar con FAME

• Las observaciones de la Contraloría que implican a los funcionarios de FAME señalan que estos forzaron las normas para favorecer la contratación de IWI, en desmedro de los fondos públicos.
• Por ejemplo, a pedido de IWI, FAME aceptó disminuir sus ganancias de la venta de los fusiles Arad 7 al Ejército del 12,8% al 5,5% del total del contrato.
• Lo más resaltante de la auditoría de la Contraloría es que indica que ni las FFAA ni la PNP están obligadas a contratar con FAME.