El caso Cordero evidencia la doble vara del Congreso

Presionado por la opinión pública que empezó a protestar, el Congreso de la República tuvo que retroceder -parcialmente- en su decisión inicial de blindar a María Cordero Jon Tay, señalada por recortar los sueldos de sus trabajadores.

En un inicio no se alcanzaron los votos para declarar la formación de causa penal. Tampoco para la inhabilitación por diez años de funciones públicas.

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Frente a la indignación de los ciudadanos expresada en las redes sociales, se presentaron dos reconsideraciones -a cargo de la congresista Susel Paredes de Cambio Democrático y de la bancada de Avanza País - que fue aprobada. Así, se procedió a votar de nuevo.

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Esta vez sí se declaró la formación de causa penal y se procedió a suspender a Cordero mientras duren las investigaciones. Mientras tanto, será reemplazada por su accesitaria, Magally Santisteban.

Es importante hacer notar que mientras que el Legislativo decidió inhabilitar a dos miembros de la Junta Nacional de Justicia (Inés Tello y Aldo Vásquez) por hacer una interpretación constitucional sobre el límite de edad para permanecer en la institución, fue muchísimo más benigno con Cordero a pesar de las diferentes pruebas en su contra y que estarían dando cuenta de un delito.

En el debate se escucharon intervenciones como la del congresista Edwin Martínez (Acción Popular) defendió a Cordero alegando que muchos congresistas cometían irregularidades y que no eran sancionados.  “Quiero exhortar a los miembros del Congreso de la República a no tener miedo. Últimamente, nos parecemos a los fiscales a los cuales criticamos tanto, quienes juzgan de acuerdo a lo mediático, a lo que se publicita, a la bulla, y no ejercen el derecho en su debido proceso. Nos estamos convirtiendo en esa misma tribuna blandengue. ¿Cuántos ‘mochasueldos’ ha habido en el Congreso y a quién se ha sancionado? ¿Cuántas irregularidades hemos cometido nosotros como congresistas y a quién se ha sancionado? ”, dijo Martínez.

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De otro lado, también se aprobó que el expresidente Martín Vizcarra (2018-2020) sea procesado penalmente por la contratación del cantante Richard Cisneros, más conocido como ‘Richard Swing’, en el Ministerio de Cultura.

Por la tarde,  la ministra de Cultura, Leslie Urteaga, se presentó ante el Pleno para responder sobre el caso Joinnus y la venta de entradas para visitar Machu Picchu.  “Todo fue transparente y se solicitó el control concurrente de la Contraloría. Adoptaremos todas las medidas que las autoridades determinen y hoy tenemos una plataforma auditable y que ha mejorado la experiencia de los usuarios”, dijo.

Cuando se le preguntó a Urteaga por qué no se tomó la decisión de mejorar el sistema que ya existía en vez de contratar a un tercero para proveer el servicio, respondió que “resulta inconcebible volver al sistema anterior de boletos porque estaba sujeto a deficiencias e irregularidades”.