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Ex Relatores de Libertad de Expresión de la CIDH condenan campaña de desprestigio contra Gustavo Gorriti

Señalan que se pretende desacreditar el trabajo de investigación del periodista, labor que ha sido determinante en el avance de procesos de lucha contra la corrupción, la criminalidad organizada y la impunidad en el Perú.



Ex Relatores de la CIDH destacaron los efectos del trabajo de investigación del periodista Gustavo Gorriti. | Hanslitt Cruzado | LR

En un pronunciamiento, los Ex Relatores de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Santiago Cantón, Eduardo Bertoni, Catalina Botero y Edison Lanza condenaron las campañas que han surgido en el Perú para desprestigiar el periodismo independiente, y en particular el trabajo de investigación de Gustavo Gorriti e IDL-Reporteros que han hecho avanzar procesos contra la corrupción, la criminalidad organizada y la impunidad en el Perú y otros países.

Mencionan que, como respuesta, grupos afectados por dichas investigaciones han desarrollado actos de desprestigio e intimidación contra este medio de comunicación, con la publicación de noticias falsas y el acoso permanente de sus periodistas por parte de grupos violentistas. Agregan el impulso de investigaciones penales con el fin de criminalizar la labor periodística.

Asimismo, indican que estas acciones, que van contra lo que establece la legislación y el Tribunal Constitucional del Perú y los estándares internacionales de la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, “ponen en juego la esencia del periodismo de investigación, que se fundamenta en el manejo de fuentes de información, la obligación y el derecho de salvaguardarlas y protegerlas y el derecho a recabar y difundir información de relevancia pública”.

Los Ex Relatores de Libertad de Expresión de la CIDH también sostienen que atribuir a los periodistas de investigación independientes la intención de influenciar en forma indebida a funcionarios del Poder Judicial es una forma de socavar su credibilidad y de silenciarlos.

Finalizan el documento apelando a que las instituciones peruanas apliquen los más altos estándares internacionales y protejan a quienes han hecho posible que se conozca información importante para la defensa de democracia y el Estado de derecho.

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