Daniel Soria presentó demanda contra ley que permite al Congreso elegir a su propio procurador

El procurador general del Estado, Daniel Soria, presentó una demanda de amparo contra la Ley n° 31778, la cual fue promulgada —el último miércoles 7 de junio— por el Gobierno de Dina Boluarte. La polémica norma permitirá al Congreso y Poder Judicial designar a sus propios procuradores públicos sin participación de la Procuraduría General del Estado, lo que generó el rechazo de la PGE al advertir una afectación a su autonomía.

“Procurador General del Estado, Daniel Soria Luján, presentó demanda de amparo contra la Ley n° 31778, en defensa de la autonomía en el ejercicio de la defensa jurídica del Estado, así como del derecho al acceso a la función pública en condiciones de igualdad”, anunció la PGE a través de su cuenta de Twitter.

Días atrás, la Procuraduría emitió un comunicado en el que rechazó la Ley n° 31778: “La ley publicada vulnera gravemente el principio de igualdad, contemplado en el artículo 2.° de la Constitución, en concordancia con el derecho de acceso a la función pública en condiciones de igualdad, recogido en el literal c) del artículo 23 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, pero lo más grave es que transgrede el principio de autonomía de los procuradores públicos”.

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¿Qué dice la ley que atenta contra la autonomía de los procuradores?

Esta norma es producto del proyecto de Ley n° 3270/2022, presentado por el congresista Esdras Medina, de la bancada de Somos Perú, en octubre del 2022, que fue rechazado en una primera votación en el Pleno en enero del 2023 y enviada nuevamente a la Comisión de Constitución del Congreso. Tras ello, fue aprobado el 10 de mayo, por 62 votos a favor y 39 en contra.

La ley modifica los artículos 16, 24,27,21 y 32 del DL 1326, que incluye apartados, por ejemplo, que indican que son funciones del Consejo Directivo (de la Procuraduría General de la República) “dirigir el proceso de selección para la designación de los procuradores públicos, con excepción de los procuradores públicos del Poder Legislativo y del Poder Judicial, así como de los organismos constitucionales autónomos, quienes son elegidos por los titulares de dichas entidades por un plazo de cinco años”.

Antes, todos los procuradores eran designados por dicho ente, que está adscrito al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Ante eso, el primer proyecto de ley que buscó esta modificatoria sostuvo que resultaba “contradictorio que la Procuraduría General del Estado, dependiente del Poder Ejecutivo, sea quien se encargue de convocar a un proceso de selección a los procuradores públicos de los demás Poderes del Estado, en tanto la Procuraduría General del Estado no goce aún de una autonomía administrativa y funcional a plenitud, por ello consideramos que los titulares del Poder Legislativo y Poder Judicial”.