Presentan habeas corpus contra ministro del Interior y general de la PNP por intrusión a la UNMSM

Dos abogados pertenecientes a la Coordinadora Nacional de los Derechos Humanos (CNDDHH) anunció este sábado la interposición de una demanda de hábeas corpus en contra del ministro del Interior, Vicente Romero, y el comandante general de la Policía Nacional del Perú, Raúl Alfaro Alvarado; esto luego de advertir “arbitrariedad y abuso de poder” durante la intrusión de la PNP a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en donde se encontraban delegaciones de manifestantes provenientes de otras regiones del Perú y estudiantes de la institución.

El Séptimo Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima del Poder Judicial recibió la demanda contra Romero y Alfaro interpuesta por Jennie Dador, Secretaria Ejecutiva de la CNDDHH; y los abogados Juan Carlos Ruiz y Stephanie Rodríguez, ambos abogados de derechos humanos.

El pedido se da en protección de un total de 94 personas que fueron detenidas durante la incursión de la Policía Nacional del Perú a la ciudad universitaria.

En el documento, se precisa que “la intervención a San Marcos se ha realizado sin presencia del Ministerio Público y las personas detenidas no han tenido acceso a sus abogados o abogadas al momento de la detención ni del traslado e internamiento” a los que tampoco “se les ha facilitado defensa pública oportuna”.

Como se sabe, varios miembros de esta organización social se presentaron en el transcurso de la mañana para asumir la defensa legal de los intervenidos por la PNP, sin embargo, este ejercicio de su labor les fue impedido por los mismos efectivos policiales “incluso con agresiones físicas”, según cita el pronunciamiento.

“El Habeas Corpus lo interponemos contra la Policía Nacional del Perú, representada por el comandante general de la PNP, Raúl Enrique Alfaro Alvarado”, dicta el documento, en ese sentido se presenta el mismo recurso ante el “Ministerio del Interior, representado por el ministro del Interior, Vicente Romero Fernández”.

Adicionalmente, en el pronunciamiento de la institución se resuelve que “no están garantizados los derechos procesales de las personas intervenidas”.