Paola Bustamante participó en la ultima edición de Perumin. Para ella es clave desarrollar los territorios donde hay inversión minera y construir confianza entre los actores. Así disiparán los conflictos sociales.
¿Hay un agravamiento de los conflictos medioambientales en el Perú?
Conflictos han existido y existirán siempre. Preocupa el grado de violencia: invaden la propiedad y violan los derechos humanos. Bloquear una vía es violar un derecho humano, cuando a un pasajero grave no se le deja circular para que reciba atención médica. Según la Defensoría del Pueblo, la conflictividad aumentó diez veces más, la cifra podría seguir en aumento. Hacemos un trabajo articulado con el Instituto de Ingenieros de Minas. Se debe desarrollar el territorio donde hay minería con dotación de servicios básicos: agua, desague, luz, etc.
¿A qué se debe esa carencia de servicios?
Vemos una baja ejecución del canon. Tienes recursos que no se ejecutan y lo que se gasta un porcentaje va a la corrupción. La obra no se termina o es de mala calidad. Eso hace que la población sienta que la minería no contribuye al desarrollo. Hay una crisis grave de la institucionalidad, se debe trabajar en la reconstrucción de la confianza entre peruanos, del sector público, sector privado, la academia. De lo contrario, será difícil hallar vías de solución. Falta identificar la visión de desarrollo de las comunidades. El arribo de la minería no significa que todos debamos trabajar en ella. En Moquegua, son buenos en agro y pesca y luego se suma la minería.¿En qué debe apoyar el sector privado minero? En entregar mejores semillas para el agro, por ejemplo.
¿Cuánto influye el discurso político de candidatos que dicen “vamos a recuperar nuestros recursos”?
Definitivamente mucho. La exprimera ministra Mirtha Vásquez, cuando comenzaron los conflictos en el sur y centro, continuó exaltando la situación. Sí, me parece importante analizar lo que hizo el gobierno, que en algunos casos, ofrecieron algo que no es viable y luego dieron marcha atrás. Eso le genera una expectativa a la población que ya estaba descontenta.
Pero eso no pasó solo con Castillo. El señor Humala venía a Tía María y decía: “agro sí, mina no”. Alan García también decía: “vamos a revisar los contratos”.
Son dos temas diferentes, De candidatos, ofrecen muchas cosas que luego no cumplen. Y lo segundo, todas las operaciones mineras tienen reglas en el Perú. Se dice ya se están llevando el mineral y no llega el canon. Y no llega porque, según las reglas en el Perú, el canon se entrega cuando la inversión se recupera. ¿No están dejando nada para el país? No. El país definió unas reglas que hoy se están discutiendo.
Pero es una cuestión de reglas o es una cuestión de personas que tergiversan el sentido de las reglas
Lo puedo comentar es que cuando comienza la explotación minera, la población tiene que sentir una mejora en su calidad de vida, pero no tiene que sentirlo desde que llegó la empresa. Aquí hay un tema de planificación. El Estado debería tener mapeado donde está la proyección de exploraciones y las que van a comenzar a explotar. Identificar las demandas: agua, luz y colegios ¿Ese es el rol de la empresa minera o del Estado?
Definitivamente del Estado.
El Estado debería poner el piso parejo donde llegarán inversiones. Y cuando lleguen, la discusión no debería ser: no tengo agua sino cómo apoyas al desarrollo del territorio y actividades económicas que ya tenemos. Puede ser que yo no quiera ser proveedora de la empresa minera. Quiero seguir produciendo, cosechando y vendiendo (...) El presidente ha ganado como otros presidentes, señalando que están en contra de la minería, porque políticamente es más rentable. Cuando se sientan en la silla, no pueden hacer nada, porque no es viable lo que dicen. Uno de los temas importantes es que la ciudadanía debe estar informada.
Ese es el tema, la desinformación.
La actividad minera, nos guste o no es la que más aporta al PBI. El BCR ha publicado en marzo que, en enero, el aporte de la minería fue de 11,9%, la recaudación de impuestos de junio de este año por minería ha superado los 29 mil millones. Sino ingresa eso en recaudación, de dónde se hacen las obras. Hay que poner orden, para que la actividad minera cumpla las reglas, se fiscalice oportunamente.
El Defensor del Pueblo no cree que haya una suerte de articulación de ONGs y que las demandas obedecen a una cuestión ideológica.
El tipo de demandas que hay no es algo organizado nacionalmente. Eso no existe. De hecho, eso está como que muy claro. Y lo segundo, hay procesos para que los conflictos estallen. La comunidad y la empresa pueden tener algunas diferencias. Si alguno no cumple su compromiso, comienza a generarse la desconfianza. Y en el caso de las comunidades, como sienten que nadie los apoya, bloquean.
El 50% de las actas que se firman no se cumplen y el conflicto nuevamente recrudece.
Voy a volver al tema de la confianza. Imagínese que estamos trabajando juntos en el territorio y llega alguien en representación del Estado a tratar de encontrar alternativas de solución a sus demandas. Al principio solo nos sentamos a trabajar. Al mes dos, tomamos un café juntos. Al mes cuatro, en medio de la discusión, podemos comer un choclo con queso. Y al mes seis, cuando la cosa está fluyendo porque se generó confianza entre las partes, cambian, sea al de la empresa o al del Estado. Y el que viene suele desentenderse de todo lo anterior. Eso sí es un problema bien grave y no solo pasa por los cambios en la PCM. Los conflictos son de todos los sectores. A veces hay demandas de salud, en la primera reunión va uno, en la segunda va otro, y el que va, no se entera (del acuerdo anterior). El primero dijo: el procedimiento para que salga su proyecto son cinco pasos, viene el segundo y dice: no, son ocho. Y comienza la desconfianza. Es bien serio. Y eso nos hace mirar al servicio civil.
El servicio civil ha colapsado, lo van a desactivar.
Esperemos que el gobierno no lo desactive, porque hay varios gobiernos y ministerios que están trabajando. El hecho de que haya mensajes contradictorios sobre el servicio civil no ayuda. El viceministro de gobernanza, que estuvo presente en la exposición (en Perumin), reconoció que que no podía haber tanto cambio porque rompías la confianza y ya no puedes avanzar en el diálogo ni en la planificación conjunta. Eso es para quienes actúan en el territorio. Y lo otro tiene que ver con la comunicación y la transparencia. El cumplimiento de los acuerdos eso es confianza, transparencia y rendición de cuentas. Ese porcentaje del 50%, es en sus tres niveles, de los gobiernos (regional, provincial y distrital), de las empresas y de las comunidades también.
Volviendo al tema del canon, se ha mencionado que no se ha contribuido a mejorar las condiciones de la zona influida por la actividad minera y que la distribución es mala, que les llega en junio, ¿hay asidero en estas cosas?
Dos reflexiones. El gobernador (de Apurímac) decía: las regalías las pagan en el mes de marzo y la transferencia del MEF al gobierno regional es tres meses después. Él dice: si me lo transfieren en junio, ya no tengo un año para ejecutar, sino seis meses. Él decía, si la depositan en marzo, ¿porque no transfieren en abril? Habría que ver todo lo que procesa el MEF y ver la propuesta de acortar plazos. Yo creo que uno de los temas sí está vinculado con que el canon llegue oportunamente y no con los plazos que se maneja hoy. Una vez que esté en los gobiernos regionales y locales, una rendición de cuentas, que permita ver en qué proyectos se está ejecutando esos recursos, cómo los van gastando, cuánta ejecución tienen en el año. El recurso del canon no lo pierden, ya no es que el dinero está en la caja del gobierno regional, el dinero está en el banco, y solamente se paga vía sistema. Sí es posible hacer seguimiento, y por eso sabemos, de la mala ejecución del canon y las regalías, además de corrupción, obras inconclusas. Muchas veces, en políticas públicas, se toman decisiones que sirvan para mejorar la gestión, pero sino miras que la operación sea eficiente, de nada sirvió tu decisión.
Es posible hablar de una redistribución. Había una propuesta de que el 30% del canon puede ir directamente a la agricultura.
Sí, una de las líneas de análisis que se tiene es identificar una mejor redistribución el canon. Hay más canon en muy pocos los distritos. Tenemos en la lista 115 distritos mineros y poco más de esos 115, sino me equivoco, son más de 200, dato por confirmar, reciben la mayor cantidad de canon. Ahí falta capacidad para gestionar y los recursos no se ejecutan oportunamente y la población siente que no hay una mejora. Esas obras que son muy costosas, no terminan redundando en bien del Estado. Se está discutiendo una línea del fondo de estabilización del canon. Si haces gestión y tienes un gerente, tienes que tener predictibilidad y en el canon no la hay, teniendo en cuenta que mucho tiene que ver con los precios. El fondo de estabilización podría darle algún nivel de predictibilidad. Hay varias propuestas que se están analizando y esperemos que las decisiones que se tomen sean las mejores, sobre todo tomadas y adoptadas, técnicamente, tomando en cuenta lo que está pasando en el territorio y con la gente. Pueden ser decisiones impecables, técnicas, pero tienen que redundar en beneficio de las personas, sino vamos a seguir en la misma situación.
Sobre los desafíos en el mundo, con el cambio de matriz energética, y el Perú puede convertirse en un gran proveedor de cobre.
Si se ha analizado mucho. No es un tema que yo domine, pero sí es necesario que se dé prioridad, porque se le está dando prioridad en el mundo. Se está discutiendo en varios espacios, pero falta a nivel de gobierno ese liderazgo que se necesita para avanzar en la decisión, no solo en las implicancias sino además en qué tiene que pasar para que eso finalmente se produzca.