Gobernador de Cusco cuestiona injerencia de Kathy Ugarte en Procuraduría General del Estado

El pasado 15 de septiembre de este año, la Unidad de Sanción de la Procuraduría General del Estado, decidió suspender a Pedro Miguel Galicia Pimentel del cargo de procurador público del Gobierno Regional del Cusco.

La sanción, que pretende separar a Galicia de su cargo por 6 meses, está motivada por una denuncia respecto a inconducta funcional sobre el proceso que sigue el Gobierno Regional de Cusco en contra de la empresa Perú Belmond Hoteles S.A.

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El proceso se remonta al año 2013, en el cual Jorge Acurio Tito firmó la ampliación de la concesión por 10 años más del hotel Sanctuary Lodge a favor de la empresa Belmond, propiedad de Rafael López Aliaga.

En el 2016, durante la gestión de Edwin Licona en el Gobierno Regional Cusco, inició sin éxito un proceso judicial contra la empresa Belmond para anular la adenda firmada años atrás.

El actual procurador regional llegó al cargo en enero del 2019 y seis meses después, un juzgado en Wanchaq dio por concluido el proceso judicial, precisando que la controversia contra Belmond S.A., debía ser resuelta por un laudo arbitral.

Galicia apeló la sentencia, pero tanto la Corte Superior de Justicia del Cusco y la Corte Suprema, mediante casación, ratificaron que el camino era seguir un arbitraje contra la empresa de López Aliaga.

Debido a esos cuestionamientos, Galicia fue acusado públicamente por la congresista Kathy Ugarte y los consejeros regionales, Cristian López y Regina Becerra, por supuestamente intentar beneficiar a la empresa Perú Belmond Hoteles S.A.

Respuesta

De acuerdo al gobernador regional, Jean Paúl Benavente García, el 2019 se optó por no iniciar un arbitraje debido a que en ese año no tenían elementos suficientes para probar irregularidades en la ampliación de la adenda del 2013; y que, de haber comenzado un proceso arbitral el 2019, era altamente probable que el Gobierno Regional pierda dicha demanda.

“Cuando asumí mi función el 2019, se decide agotar las acciones del proceso judicial iniciado el 2016. Como institución, no teníamos las pruebas para iniciar un arbitraje, recién el 2020 trabajamos con Contraloría para reunir pruebas y prepararnos para un proceso de arbitraje”, expresó Pedro Galicia a La República.

La Contraloría General de la República publicó el informe de auditoria N° 36-2021, en el cual se señala que la adenda firmada el 29 de noviembre del 2013, no tenía sustento legal por parte del Gobierno Regional, estaba llena de anomalías y que ampliaría la concesión hasta mayo del 2025.

“Existen congresistas, consejeros y funcionarios de la Procuraduría General del Estado que de manera arbitraria están forzando una figura de suspensión. No me quieren en el cargo (de procurador), ni en el caso del Hotel Belmond”, enfatizó Galicia.

Los cuestionamientos y presiones para empezar un proceso arbitral comenzaron todavía el 2019, cuando los consejeros Cristian López y Regina Becerra solicitaron múltiples veces que el Gobierno Regional inicie dicho arbitraje.

Entre tanto, la Contraloría recién publicó sus hallazgos sobre la firma del contrato a finales del 2021 con el informe N° 36-2021. De acuerdo al procurador, dicho informe sería decisivo para comenzar el arbitraje contra Belmond y ganarlo.

Galicia también mencionó que él ha apelado la sanción de la Procuraduría General del Estado. “Y la apelación suspende los efectos de dicha sanción y hasta que no se resuelva, yo estoy en pleno ejercicio en el cargo y responsabilidades como procurador”, enfatizó.

Finalmente, tanto Pedro Galicia como Jean Paúl Benavente, explicaron que los intentos por alejar al procurador regional de su cargo se deberían a intereses subalternos, o al menos una falta de experiencia al plantear una estrategia judicial sobre el caso del hotel Belmond.