Mientras Lima piensa en cómo resolver los conflictos entre los nuevos inquilinos del poder, el espacio regional-municipal enfrenta una lista de cuestiones que le van a complicar todavía más la vida en el quinquenio. Unos vienen de atrás, otros son relativamente nuevos. Todos juntos presentan un panorama preocupante. El tema llamado a producir más titulares, y que también será limeño, es el de las revocatorias. La excesiva facilidad que existe para producir este adelanto electoral de facto afectará muchas gestiones, incluso aquellas que logren continuar. Hubo ofertas para legislar sobre el tema, pero no se han materializado. En la misma línea de lo anterior, la ley de no reelección de las autoridades locales (cuyo cambio también está ofrecido) es un típico caso de justos pagando por pecadores. Con la ironía de que la votación misma es la manera de impedir que los malos funcionarios sigan en el cargo y lograr que las instituciones sean refrescadas. Las dos cuestiones anteriores están englobadas dentro de la falta de un sistema de fiscalización de las gestiones en gobiernos locales, capaz de adelantarse al delito. Esta ausencia es la que ha venido produciendo la avalancha de gobernadores investigados, presos o prófugos luego de que los delitos han sido descubiertos. Parte de toda esta desidia del poder central se expresa en la falta de un mecanismo institucional que lo articule políticamente de los gobiernos locales. El gobierno entrante ha ofrecido algunas fórmulas (un ministerio no parece la mejor alternativa), pero quizás antes debería poner en marcha un debate nacional. Todo lo anterior se ha complicado con la reducción del canon, que ha obligado a varias regiones a emprender el camino de retorno al MEF para solicitar la reposición de los recursos perdidos. Con cada vez menos nuevos proyectos mineros en perspectiva, el problema del canon va creciendo como factor debilitante en el interior del país.
