
La congresista Marleny Arminta, de la bancada Ahora Nación, presentó un proyecto para modificar la Ley N.º 27785, normativa que rige a la Contraloría General de la República. La iniciativa busca cerrar los vacíos legales que permiten el ingreso de profesionales sin experiencia específica a la alta dirección de la entidad fiscalizadora.
Para solucionar esta deficiencia, la propuesta reforma el literal e) del artículo 28 de la norma y exige textualmente contar con "experiencia profesional no menor de diez (10) años en auditoría, control gubernamental, contabilidad gubernamental o gestión pública, adquirida en el sector público o en el sector privado, en la dirección de servicios de auditoría, asesoría o consultoría brindados a entidades públicas".
De acuerdo con la exposición de motivos del documento, la legislación vigente exige únicamente un "ejercicio profesional no menor a 10 años" sin especificar el rubro, lo cual abre la puerta a autoridades sin trayectoria en el control del Estado.
Asimismo, la iniciativa exige los mismos requisitos para los vicecontralores. Para ello, modifica el artículo 33 y establece que "para ser designado Vicecontralor General de la República se deberá cumplir obligatoriamente con todos los requisitos establecidos en el artículo 28 de la presente Ley para el cargo de Contralor General de la República".
Entre estas condiciones figuran ser peruano de nacimiento, tener al menos cuarenta años, contar con título universitario colegiado y habilitado, acreditar diez años de experiencia especializada, mantener independencia política y firmar una declaración jurada de no tener conflicto de intereses.
Además, la propuesta fija un límite máximo de dos de estas oficinas y establece que el funcionario de mayor antigüedad en el cargo asume el despacho de forma interina ante la ausencia, el impedimento temporal o la vacancia del titular.
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El texto legal también incorpora mecanismos de control previo y plazos, y establece que la designación de los vicecontralores requiere una verificación documentada previa de los requisitos profesionales, la experiencia, la habilitación, la idoneidad moral, la independencia y las demás exigencias. Asimismo, otorga un plazo de noventa días calendario para que la Contraloría adecue su reglamento interno tras la entrada en vigencia de la ley.
En el análisis que sustenta el proyecto se advierte que la falta de dominio técnico en la alta dirección provoca la caída de informes de control en el Poder Judicial y la paralización de obras públicas por observaciones excesivamente formalistas.
El documento también señala que una conducción especializada ayuda a reducir las pérdidas por corrupción e inconducta funcional, las cuales superan los S/ 24.000 millones anuales.

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