“Nos han engañado y queremos justicia”: víctimas de esterilizaciones forzadas en Cusco rechazan archivo del caso

"Nos han engañado y queremos justicia". Con indignación y lágrimas, Margarita Rojas (53), presidenta de la Asociación de Mujeres Esterilizadas de Chumbivilcas, rechazó el posible archivo de la investigación por las esterilizaciones forzadas ocurridas durante el gobierno del exdictador Alberto Fujimori.

La dirigente representa a cerca de mil 500 mujeres de esta provincia cusqueña que aún esperan justicia por las intervenciones a las que fueron sometidas sin una decisión libre e informada, según sus testimonios.

Rojas tenía 24 años y dos hijos cuando fue sometida a la esterilización. Recuerda que, durante las campañas de planificación familiar, les ofrecían alimentos y otros apoyos, mientras las convencían de que no debían tener más hijos debido a las dificultades económicas. "Me han hecho asustar con engaños", relató.

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Según su testimonio, les decían que, por ser campesinas y no tener recursos suficientes, no podrían garantizar la educación de sus hijos si aumentaba el tamaño de sus familias.

La mujer asegura que nunca tuvo la intención de renunciar a la posibilidad de volver a ser madre. "Yo quería tener todavía hijos y yo no pensaba que era así", manifestó. También contó que las consecuencias de la intervención afectaron su vida familiar y su relación de pareja. Según dijo, terminó separándose de su esposo y tuvo que sacar adelante a sus hijas en medio de dificultades económicas y emocionales.

"Nosotros hemos llorado, tristes nos hemos puesto. ¿Por qué se va a archivar nuestro caso? Porque somos campesinos, diciendo nosotros", expresó Rojas al recordar cómo recibieron la noticia.

Para la dirigente, cerrar la investigación significaría prolongar el abandono que, asegura, han enfrentado durante años las mujeres que buscan esclarecer lo ocurrido. Por ello, anunció que continuarán exigiendo que el caso siga su curso y cuestionó que las víctimas no cuenten con suficiente respaldo legal.

Ley Rospigliosi amenaza el camino a la justicia

La abogada Yudith Conto, de Derechos Humanos Sin Fronteras, explicó que el proceso enfrenta obstáculos por la aplicación de la denominada ley Rospigliosi, que establece como punto de referencia el 9 de noviembre de 2003 para la vigencia de los delitos de lesa humanidad. Según la especialista, debido a que las esterilizaciones investigadas ocurrieron entre 1996 y 2000, la acción penal estaría prescrita bajo ese criterio, lo que pone en riesgo la continuidad de la investigación.

"Está a punto de archivarse porque está aplicando la ley Rospigliosi", sostuvo Conto. La abogada cuestionó que esta disposición se interponga en el camino de las víctimas y precisó que la defensa recurrirá a los mecanismos legales disponibles para impugnar la decisión. Entre las acciones previstas mencionó la elevación de actuados y la presentación de un recurso de amparo, antes de evaluar los siguientes pasos.

Más de 20.000 mujeres afectadas

Conto también dimensionó el alcance del caso en la región. Señaló que son más de 24.000 las mujeres esterilizadas en Cusco, mientras que en la investigación de mayor alcance se encontraban comprendidas más de 4.150 víctimas. En tanto, Rojas insistió en que las mujeres de las comunidades campesinas no dejarán de reclamar justicia. "Nosotros no queremos que se archive, vamos a seguir luchando", afirmó.