
El Ministerio Público realizó la entrega oficial de los cuerpos de 10 pobladores de la comunidad de Paccha, quienes fueron retenidos y desaparecidos el 27 de febrero de 1992 por un grupo de ronderos y miembros del Ejército Peruano.
La ceremonia se llevó a cabo este miércoles 23 de septiembre en la Basílica Catedral de Huancayo, en la Plaza Constitución.
Tras la misa, cada familia recibió a sus seres queridos en un encuentro que marca el cierre de un proceso de indagación y peritajes científicos que se extendió por más de tres décadas.
El hecho ocurrió el 27 de febrero de 1992, cuando un grupo de ronderos, operando con el apoyo de efectivos del Ejército, intervino y retuvo a diez pobladores en la zona.
Tras la detención, las personas —entre las que figuraban tres menores de edad— fueron ejecutadas y sus cuerpos ocultados para evitar su ubicación.
Ante la falta de avances en la vía judicial interna durante los primeros años, la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) asumió la representación legal del caso y llevó el expediente ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para exigir la búsqueda de las víctimas y la sanción a los responsables.
Tras décadas de búsqueda impulsada por los familiares, las investigaciones ubicaron la fosa en la falla geológica de Pachamime, en el paraje de Siusa, provincia de Concepción, a más de 4.000 metros de altitud.
En noviembre de 2022, el equipo de peritos del Ministerio Público inició las labores de exhumación en la zona de difícil acceso. Posteriormente, los restos óseos rescatados fueron sometidos a análisis antropológicos y pruebas genéticas de ADN hasta la identificación de las víctimas.
La desaparición de las diez personas dejó un vacío en sus hogares, donde diversos familiares fallecieron a lo largo de estos 34 años de búsqueda sin poder despedirse de ellos.
Noemí Barja Gaspar, hermana de Ángel Percy Barja Gaspar —el menor de 14 años recuperado en la diligencia—, recuerda que la pérdida causó dolor y un quiebre familiar.
"Mi hermano era un niño, tenía 14 años de edad cuando desapareció. Como familia nos resquebrajó demasiado. Mi abuela murió el 27 de febrero del año 93 de mucha tristeza, por un problema de corazón, tras perder a su nieto adorado y a su hijo. Años después mi padre también falleció. Es muy triste y terrible reencontrarme con mi hermano después de décadas".
Barja sostuvo además la diferencia entre afrontar una muerte por causas naturales o accidentes y vivir bajo la constante incertidumbre de la desaparición forzada.
"En una muerte por accidente o enfermedad entierras, cierras, velas y tienes un lugar donde llorar. Nosotros no; nosotros teníamos la desesperanza de no saber dónde están, qué les habrá pasado o a dónde los han llevado. Nos hemos dado soporte entre las familias porque nadie va a sentir el dolor que nosotros padecemos".
Para las comunidades de la zona, recuperar los restos de sus familiares permite cumplir con sus tradiciones y dar tranquilidad a quienes aguardaban esta restitución.
Respecto al significado de este acto y el proceso judicial pendiente, Barja remarca que la entrega de los cuerpos representa un paso hacia el duelo, pero no sustituye la exigencia de sanciones para los responsables.
"Para nosotros la restitución es un paso para este cierre. Después de 34 años de búsqueda, de dolor y de espera, nos permite despedir dignamente a mi hermano, a mi tío y a los demás familiares para que pasen a una mejor vida dentro de nuestras costumbres. Pero también esperamos que se haga justicia y que el caso concluya con una sentencia contra los responsables".
Al reflexionar sobre la memoria de su hermano, Barja hace un llamado a la solidaridad y empatía colectiva para evitar que este tipo de crímenes vuelvan a ocurrir en el país.
"Que esto no vuelva a repetirse nunca. Todos somos seres humanos y debemos colaborar como sociedad para que haya paz, ser más empáticos, solidarios y ayudar a que se haga justicia, sin racismo ni discriminación".





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