Juan de la Puente: "Esta elección trasciende la elección de un gestor local, es un plebiscito"

—Hace unos días señaló que esta elección tiene una naturaleza plebiscitaria. ¿En qué sentido lo es?

—El concepto de plebiscito me parece que se aplica a esta elección por varias razones. La primera es que estamos discutiendo un fenómeno que trasciende la elección de un gestor local: es más bien una especie de plebiscito de aprobación o rechazo hacia un modelo de gestión de la ciudad, un modelo ideológico, conservador y, además, sui géneris, en el sentido de que prescinde de las formas, hiperpersonalista, centrado en la figura y en los caprichos personales del alcalde de Lima. Habría que recordar que él dijo que no iba a ser candidato presidencial, que iba a agotar su periodo; luego incumplió esa promesa, fue candidato presidencial, también candidato al Senado, senador electo, pero no quiso asumir esa senaduría y forzó su presencia como candidato a regidor. Ahora lo tenemos como candidato a alcalde encubierto.

Ese es un afán, un trasiego simbólico profundamente personalista. Por eso, en lugar de que haya un debate racional sobre soluciones técnicas, urbanas, vecinales, el voto empezó a funcionar como un juicio político masivo respecto de su gestión, en una lógica dicotómica. Por eso señalo que es una elección plebiscitaria.

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—¿Cuáles serían las preguntas típicas de ese plebiscito, si tuviera que imaginarse la decisión que debe tomar el ciudadano el 4 de octubre?

—La primera pregunta se refiere a la legitimidad de esta gestión, en la lógica de premiar o sancionar. Un plebiscito evalúa la legitimidad del desempeño de quien ejerce el poder, y en este caso el grupo del señor López Aliaga está ejerciendo el poder. Lima concentra un tercio del electorado nacional, y por eso es imposible que una votación sea solo un asunto municipal. Podría ser que en ciudades de otro volumen esto sea estrictamente municipal, pero aquí la pregunta principal es si este modelo de gestión personalista, conservador, ideologizado, lleno de avances y retrocesos, debe continuar o no. Plebiscito en el sentido de la continuación: esa es la primera pregunta.

—¿Y la segunda?

—La segunda es el balance de las nuevas ofertas. Y las que nos está proponiendo el señor López Aliaga son más o menos las mismas: obras, obras, obras, sin que se sepa en qué sentido ni con qué dimensión. Me parece que se ha olvidado del asunto de los peajes, que están judicializados. No forma parte de su campaña el tema de los trenes, porque ha quedado claro, incluso desde el punto de vista del gobierno, que no se trata de una donación sino de una compra. Entonces aparece una continuidad difusa que, me parece, lastra su propia candidatura. No le veo, más allá de repetir lo que ha dicho en los últimos años, una oferta nueva. En cambio, los que lo desafían, principalmente el señor Bruce, tienen más ofertas. Si me preguntan cuál es la oferta del señor López Aliaga, no me quedaría ninguna: "continuaremos", "habrá más obras", "los candidatos de Odebrecht tal y cual", "tengo derecho a postular". Pero no creo que haya un mensaje político como el de su primera candidatura.

—¿Cree que en ese filtro plebiscitario debería existir también una pregunta sobre la visión de ciudad de cada candidato?

—En el debate municipal hay dos temas grandes sobre los que se mueven los candidatos: la seguridad ciudadana, sobre la que el señor López Aliaga tiene muy poco que decir porque ha incumplido las ofertas de su periodo —por ejemplo, las diez mil motocicletas—, y por eso ya no habla mucho de inseguridad. Además, su sucesor está planteando una medida muy peligrosa e inconstitucional, que es la Policía Metropolitana, y algunas de las ofertas que él ha lanzado en este tema resultan poco serias, como decir que si uno sufre extorsión llame inmediatamente al cómico Carlos Álvarez, como si esa fuera una salida.

También es cierto que los otros candidatos, en general, no salen de los lugares comunes: compra de cámaras, videovigilancia, vigilancia aérea con drones, patrullaje integrado. Pero todo eso es parte de un paquete sobre el que las municipalidades no tienen muchas competencias. Quizás deberíamos ser más honestos y decir "apoyaremos a la policía", porque la competencia en seguridad es básicamente policial. Por eso me parecía extraño que en el gobierno del señor López Aliaga se dijera que iban a entregarse diez mil motocicletas, de las que no se ha entregado ni la mitad, o el famoso botón de pánico para todos: muchas ofertas incumplidas.

El segundo paquete es transporte y movilidad urbana, y ahí también una propuesta de reforma integral. La mayoría de candidatos, con matices —quizá salvo el señor Bruce, que dijo "pásenme la ATU a la municipalidad"—, piden que la ATU desaparezca, pero no dicen con qué debe ser reemplazada. Yo diría que tanto en seguridad ciudadana como en transporte hay una especie de populismo bastante vacío, bastante anémico. Y esos dos temas están muy gastados, quizá porque hay otros de los que no se habla: la pobreza en Lima, la sanidad, el agua potable para las zonas periféricas, el crecimiento de la inseguridad y, seriamente, el medio ambiente, un asunto que tampoco se toca.

—¿Cómo formularía una oferta de seguridad que fuera ejecutable y viable?

—Hemos visto que lo de las diez mil motocicletas no funciona. Lo que podrían hacer las municipalidades, con las capacidades organizativas que tienen, es contribuir a la formación de núcleos humanos, comités vecinales, capaces de acompañar la acción de la policía en vigilancia, recuperación de espacios y, sobre todo, prevención. Una de las cosas abandonadas en el mundo y en el Perú como parte de la política criminal es justamente la prevención. El núcleo moral del liberalismo plantea que, para que una persona sea capaz de convivir en sociedad, debe tener determinados atributos que no se consiguen con una sanción, sino con una lógica de prevención. Pero en el Perú se ha abandonado la prevención, y si uno mira el pliego de facultades solicitado por los candidatos, no hay nada al respecto.

Lima tiene más de diez millones de habitantes y es muy probable que tenga un millón de "ninis", jóvenes que ni estudian ni trabajan. Las municipalidades pueden realizar programas de acompañamiento y prevención junto con la Policía Nacional. Hay experiencias en el norte del país, como el programa Barrio Seguro, que se intentó implementar durante el ministerio del señor Basombrío. Creo que hay un conjunto de medidas que las municipalidades pueden plantear para acompañar el trabajo de la policía, pero no reemplazarlo, no convertirse en el 'sheriff' de la ciudad, que es, por ejemplo, lo que ahora quiere hacer el alcalde accesitario de López Aliaga, el señor Reggiardo.

—¿Cómo pesa el sesgo ideológico del actual gobierno municipal en estas elecciones?

—Ha sido bastante perjudicial, muy dañino. Por ejemplo, se ha invisibilizado la violencia contra las mujeres —principales víctimas de la inseguridad ciudadana—, las mujeres desaparecidas, secuestradas, víctimas de feminicidio. Hay un debilitamiento de las estructuras municipales vinculadas a los derechos de la mujer, porque el enfoque de género no se ha tenido, y ahí están las consecuencias. También hay una invisibilización de otros problemas vinculados a educación, juventud y deporte. Si el alcalde de Lima cree que su principal labor es construir, o que es el 'sheriff' de la ciudad, pero solo en términos muy solemnes y "por lo alto", evidentemente la ciudad sufre. Creo que en estos años Lima se ha visto muy desprotegida en la atención de otros problemas que no son prioridad de la actual administración. Un sesgo ideológico como el que hemos tenido en estos cuatro años dificulta una mirada más diversa de una ciudad que es plural, diversa y fragmentada.

—¿Sigue vigente la apelación al "caviarismo" en esta elección, como lo fue en las anteriores?

—No, porque la primera vuelta electoral ya marcó el declive de los partidos que habían convertido el anticaviarismo en su primera bandera. De esos partidos, solo dos pasaron la valla electoral, y juntos no tienen ni siquiera el 20%; el resto no pasó la valla. El hecho de que tengamos un candidato presidencial que ahora vuelve a ser candidato a alcalde politiza la elección, así que esto no puede ser solo vecinal. El señor López Aliaga tiene 21%, un poco menos el candidato Bruce, que es su principal retador en un debate técnico, y hay un 42% de ciudadanía resistente —yo no diría indecisos—, algunos que probablemente ya tomaron una decisión y otros que están mirando cómo entregar un voto que le permita a la ciudad respirar de otro modo.

—¿Diría entonces que el escenario ha cambiado respecto de las últimas elecciones municipales?

—Sí, porque en esas elecciones había candidatos muy a la baja, con poca intención de voto. Por ejemplo, el señor Muñoz pasó del 3% al treinta y tantos por ciento en diez días: fue un candidato pequeño empoderado por la opinión pública. En esta oportunidad, si sumamos los votos de López Aliaga y Bruce, tenemos casi el 40%. El resto de candidatos no suma el 15%, y hay un 42% de electores que aún no ha dicho por quién votará. Esos tres bloques —el plebiscito entre López Aliaga y Bruce, el 15% de candidatos con campaña, pero sin poder trascender, y el 42% de ciudadanos a la expectativa— confirman la idea de que se va a producir un cambio en Lima, en el sentido de que el actual alcalde en reelección encubierta no puede obtener más del 20%.

—¿López Aliaga llegó a su techo?

—Ese es el techo.

—¿Qué falta para que el panorama electoral quede más claro?

—Que el Jurado Nacional de Elecciones cumpla su promesa respecto a si les entregará o no la credencial a los candidatos a regidor que en realidad son candidatos encubiertos a la alcaldía. Si se emite una opinión que le dé seguridad jurídica al proceso, es muy probable que luego del debate tengamos un panorama más claro. Pero igual creo que sigue siendo un proceso electoral plebiscitario.

—¿Cree que esa definición del JNE debería darse antes o después de las elecciones? —El jurado se ha comprometido, frente al pedido de catorce partidos, a resolverlo en estos días. Tengo entendido que la opinión será emitida antes del debate, antes del día 21. Y creo que el jurado está retrocediendo poco a poco del error que cometió cuando, en varias de sus resoluciones, permitió que candidatos a regidor que habían sido alcaldes participen como candidatos encubiertos a la reelección.

No se ha hecho el control constitucional del artículo 194, que prohíbe la reelección. Si se hubiese hecho ese control constitucional en su momento —como lo hizo el voto de minoría del señor Gunther González, y como lo hicieron estos siete u ocho jurados electorales especiales, especialmente el de Morropón y el de Huari—, creo que se habría evitado la dificultad que ahora tenemos.

Pero en la sentencia sobre el expediente de Huari, el jurado dio un primer retroceso.

Hace dos sábados, el presidente Burneo dijo: "aún no hemos evaluado si se les entregarán las credenciales a los candidatos a regidor que sean alcaldes", es decir, a los candidatos encubiertos, "y eso lo evaluamos en su momento". Entonces, tres retrocesos sustantivos del jurado frente a una decisión que, a mi juicio, fue equivocada, nos colocan frente a la posibilidad de que el jurado efectivamente reponga la seguridad jurídica.

Y un elemento más: el último día se abrió un proceso indagatorio, sancionatorio, contra el Partido Renovación Popular y contra el señor López Aliaga, porque se ha detectado que está haciendo campaña como alcalde. Quienes se mueven por Lima han visto muchos afiches donde dice "López Aliaga, alcalde". ¿Cómo es posible entonces que una persona diga "yo no soy candidato a alcalde, soy candidato a regidor", y al mismo tiempo se muestren afiches suyos como candidato a alcalde?

—Hay otra trampa ahí. La respuesta que dan es: "no soy yo quien pone los carteles, son los afiliados, los simpatizantes. No tengo control sobre ello".

—Ya estamos bastante avanzados para decir "yo no he sido, son otros", y por eso se abre el proceso indagatorio, que es un proceso que puede llegar a mayores.

Lo que quiero decir es que ya estamos en un momento complicado, en general en el Perú y especialmente en Lima, que tiene diez millones de habitantes y casi siete millones de electores. Necesitamos seguridad jurídica, y eso no lo tenemos todavía, y deberíamos tenerlo.