
Rosa María Palacios abordó en su programa 'Sin Guion' la controversia abierta tras las declaraciones del ministro de Justicia, y destacó la reacción crítica de la comunidad jurídica frente a declaraciones que, según ella, ponen en riesgo la estabilidad del sistema procesal penal.
La conductora explicó que el ministro Ernesto Álvarez afirmó que el Código Procesal Penal había sido redactado por abogados litigantes y que esa frase detonó una respuesta amplia de penalistas y juristas, quienes defendieron la reforma procesal como un cambio profundo y necesario en el sistema de justicia penal.
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Palacios describió la disputa: el ministro de Justicia sostuvo, según lo relatado en la emisión, que "el Código Procesal Penal había sido redactado por delincuentes, por abogados de criminales, por abogados litigantes", una frase que generó rechazo de representantes del gremio y de letrados reconocidos que participaron en la reforma.
La periodista detalló que varios penalistas públicos y privados, entre ellos exparticipantes de las comisiones de reforma, respondieron señalando cómo fue el proceso técnico que condujo al actual Código y advirtieron sobre el riesgo de desmantelar la modernización del proceso penal sin aportar alternativas viables.
Palacios defendió las garantías del nuevo modelo procesal y subrayó que el cambio implicó una reeducación del sistema judicial a lo largo de más de una década, con etapas procesales diseñadas para evitar errores judiciales y proteger el debido proceso.
En ese contexto, citó la intervención de un crítico jurídico que escribió que era una vergüenza que alguien con trayectoria en el Tribunal Constitucional ignore principios básicos de derecho: "Es una vergüenza, Dios mío, que un expresidente del Tribunal Constitucional debería conocer a la perfección", y reseñó que esa fue una de las reacciones más duras contra las declaraciones ministeriales.
La conductora advirtió que, si el Ejecutivo solicita facultades legislativas para reformar el Código Procesal Penal sin especificar objetivos técnicos y sin diálogo con la comunidad jurídica, existe el riesgo de promover cambios impulsivos que regresen a modelos anteriores menos garantistas.
Palacios comentó que la Comisión de Justicia y Derechos Humanos rechazó otorgar facultades en esa materia, en parte por la exposición del ministro, y citó la frase parlamentaria que resume la medida: "No les damos facultades", en alusión a la decisión de no delegar reformas que afectan garantías procesales sin mayor discusión.
La periodista concluyó que la discusión exige rigor técnico más que consignas punitivistas: las reformas al sistema penal deben sostenerse en diagnósticos claros, participación de expertos y salvaguardas constitucionales para evitar retrocesos que perjudiquen al debido proceso y a la confianza ciudadana en la justicia.
Palacios pidió, en suma, que el gobierno aclare sus intenciones y que cualquier propuesta de modificación pase por el debate público informado y por el escrutinio de especialistas.





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