El 73.5% de los homicidios en Perú se comete con armas de fuego

Casi un tercio de los homicidios cometidos en Perú involucran un arma de fuego. La cifra oficial, que ronda el 73,5% a nivel nacional, es aún más alta pues aún hay registros por actualizar. En paralelo, el país enfrenta una combinación preocupante: alta cantidad de armas registradas, más de 340.000 armas ilegales y un Estado que ha decretado políticas clave para enfrentar el crimen organizado, la extorsión y el sicariato.

Según datos del Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef), durante el primer mes de gobierno de la presidenta Keiko Fujimori, entre el 28 de julio y el 28 de agosto, se cometieron 166 homicidios. De ellos, 122 fueron causados por proyectil de armas de fuego (PAF).

El analista de datos, Juan Carbajal, sostiene que la cantidad sería aún mucho mayor ya que en tal período existen 17 muertes violentas provocadas por  PAF, pero aparecen clasificadas como ignoradas (entre ellas siete en Lima y cinco en el Callao).

En estas cifras no se han contabilizado aún los últimos asesinatos. El viernes la asesinaron a balazos Betsy Rosa Mallma Sarmiento, dirigente de la olla común Virgen de Guadalupe, en los exteriores del local en San Juan de Miraflores.

PUEDES VER: Asesinan a dirigente comunal en San Juan de Miraflores: sicarios disparan 14 veces contra local en Pamplona II

La madrugada del domingo 30 de agosto, cuatro personas fueron asesinadas durante un ataque armado, cometido por hombres vestidos como policías, en Trujillo.

Las víctimas se desplazaban en una camioneta tras salir de una discoteca cuando fueron interceptadas por delincuentes. Las autoridades investigan en paralelo el aparente secuestro de un empresario dedicado a la compra y venta de mineral.

El crecimiento del armamento ilegal acompaña el avance de la violencia criminal. En el primer semestre del año se registraron 1.267 homicidios y 997 fueron cometidos con armas de fuego.

El tráfico interno y el contrabando son una fuente constante de armas en manos de bandas criminales. Las zonas fronterizas siguen siendo puntos críticos, según admiten informes del Ministerio del Interior. A esto se suma el robo de armas a miembros de fuerzas de seguridad y la venta irregular entre particulares, que escapan al radar estatal.

Por otro lado, el desarme voluntario perdió fuerza y, según expertos, no hay un plan activo para reducir la circulación de armas entre civiles, algo que muchos consideran fundamental para bajar los índices de violencia letal.

En paralelo, el Estado avanza con el Plan Escudo y el estado de emergencia decretado en Lima Metropolitana y el Callao.

El uso de armas de fuego es especialmente alto en zonas urbanas densas como Lima Metropolitana y en ciudades como Trujillo, Pataz, Piura, Tumbes, Ica y Arequipa. El índice de homicidios con armas de fuego ha llegado a representar más de tres cuartas partes de los casos.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) y expertos de la propia PNP catalogan la disponibilidad de armas como un factor de riesgo crítico.