Caso Lava Jato: Estado ha cobrado S/ 380 millones en reparaciones civiles

El Estado logró recuperar 380 millones de soles en pagos por reparación civil en el marco de los casos de corrupción de Lava Jato.

El procurador a cargo, Carlos Fernández Muñoz, detalló que este dinero ya ingresó a los fondos públicos y corresponde a 33 sentencias definitivas impuestas por el Poder Judicial hasta junio de 2026, las cuales suman en total más de 1.542 millones de soles fijados como indemnización a favor del país.

Esta recaudación involucra las sanciones dictadas contra 56 personas y 6 empresas vinculadas a irregularidades en proyectos como la Línea 1 del Metro de Lima, la Carretera Interoceánica Sur, la Costa Verde del Callao, el Gasoducto Sur Peruano y la Línea Amarilla, entre otras obras.

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La mayoría de los procesados cuentan con el estatus de colaboradores eficaces y cumplen con sus cuotas de pago, respaldados por fideicomisos y garantías financieras en caso de incumplimiento.

En esa línea, las autoridades proyectan que para fines de 2026 se sumarán cerca de 76 millones de soles más y que, para 2029, el cobro total supere los 652 millones de soles. Asimismo, la Procuraduría mantiene solicitados embargos preventivos por más de 3.000 millones de soles en otros 189 casos para asegurar que el Estado siga con el cobro de lo que le corresponde al momento de la emisión de nuevas sentencias.

En términos de presupuesto, la institución manifestó que sus gastos de funcionamiento desde 2017 solo representan el 16% de los 380 millones ya cobrados, lo que deja un beneficio para el país de aproximadamente 319 millones de soles.

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Del mismo modo, el procurador Fernández descartó algún conflicto de intereses por su pasado laboral en un estudio jurídico privado que tenía como cliente a Odebrecht, con el argumento de su renuncia a esa firma en 2018 y que dicho antecedente fue informado antes de ser designado como procurador adjunto.

"Los cuestionamientos no señalan una actuación concreta mía en la que yo como procurador haya favorecido a Odebrecht. Por el contrario, existen varios actos públicos y verificables que demuestran una posición jurídica mía contraria a los intereses de esta empresa cuando así lo exige la defensa del Estado", sostuvo Fernández.