Juez ordena devolución de 171 inmuebles a la exUAP

El juez Eiser Jiménez Coronel ordenó que se informe a la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (Sunarp) y al Programa Nacional de Bienes Incautados (Pronabi) sobre su decisión de levantar la incautación de 171 inmuebles de la ex Universidad Alas Peruanas (UAP).

Originalmente, el titular del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, Víctor Zúñiga Urday, dispuso la medida el 14 de marzo y el 5 de abril de 2023.

El entonces fiscal del caso, Wilson Salazar Reque, solicitó el allanamiento y la incautación de los inmuebles con el argumento de que estos fueron presuntamente adquiridos con fondos de origen ilícito.

Según Salazar, durante la gestión del exrector y exgerente general de la casa de estudios, Fidel Ramírez Prado, este y miembros de su familia desfalcaron a la UAP y adquirieron varios inmuebles.

Pero la defensa de la universidad alegó que los Ramírez, durante el periodo en el que controlaron la UAP, cometieron fraude en beneficio propio y afectaron el patrimonio de la Cooperativa de Servicios Múltiples, propietaria de la universidad.

De acuerdo con la resolución del juez Eiser Jiménez, el fiscal Wilson Salazar no llegó a demostrar que, como consecuencia de los malos manejos del centro universitario cometidos durante la gestión de Ramírez, se favoreció la cooperativa. Por el contrario, resultó afectada.

Sin fundamento

“No solo la Universidad Alas Peruanas no ha obtenido ningún tipo de beneficio de los quince actos de fraude imputados (por la fiscalía), sino que resulta ser la principal afectada”, explica el magistrado.

“Por lo que, existe una manifiesta ilogicidad en este extremo de la hipótesis fáctica (del fiscal), toda vez que, si el patrimonio pertenece a la Universidad Alas Peruanas SA, y se describen conductas ejecutadas por Fidel Ramírez (gerente general junto a otros) no resulta razonable sostener que la persona jurídica intervino para defraudar su propio patrimonio”, señala el juez Eiser Jiménez en la resolución del 12 de agosto de este año.

Como ejemplo ilustrativo, el juez precisa que Fidel Ramírez ocultó a los socios de la cooperativa y a los auditores externos, cinco contratos para el alquiler de inmuebles a precios sobrevalorados que suscribió con las empresas de su sobrino Joaquín Ramírez Gamarra por S/8,2 millones.

En todos los casos, Fidel Ramírez usó los recursos asignados por la cooperativa a la UAP para consumar a espaldas de esta negocios con empresas manejadas por miembros de su familia.

Caso indefendible

“Teniendo en cuenta que la Universidad Alas Peruanas resulta ser sujeto pasivo del delito de fraude en la administración de persona jurídica, correspondía declarar improcedente este extremo del requerimiento (del fiscal)”, concluye el juez Eiser Jiménez.

Sorprendentemente, durante la audiencia de este caso, el juez Jiménez solicitó a la representante de la Fiscalía Especializada en Lavado de Activos que sustente los fundamentos del fiscal Wilson Salazar Reque para requerir la incautación de los inmuebles de la universidad.

Pero se abstuvo de hacerlo al considerar que Salazar no cumplió con sustentar debidamente la motivación para solicitar la incautación.

“No pasa inadvertido para el suscrito (el juez) lo señalado por la representante del Ministerio Público, quien manifestó en reiteradas oportunidades que no compartía los mismos argumentos del fiscal adjunto (Wilson Salazar Reque) que planteó la presente medida (la incautación)”, anota el magistrado en su resolución.

“Ante las preguntas aclaratorias del órgano jurisdiccional, (dijo que) no se encontraba en la capacidad de sustentar algunos extremos del requerimiento (del fiscal Salazar). Lo manifestado en audiencia llama poderosamente la atención del órgano jurisdiccional, en tanto la fiscal provincial pretende excusar la falta de diligencia en que no se encontraba a cargo del caso, dando a entender que quien se encontraba a cargo de la presente investigación era el fiscal adjunto (Salazar)”, argumenta el juez.

El fiscal Wilson Salazar Reque cometió un error central al señalar que todos los bienes de la UAP eran producto de actos de fraude, como señala el magistrado del caso. Existió un desfalco cometido por Fidel Ramírez en complicidad con su familia, pero no en beneficio de la cooperativa propietaria de la universidad sino de sus propios intereses, argumenta el juez.