
La bancada de Juntos por el Perú (JP) estaría próxima a presentar una moción de interpelación contra César Astudillo, ministro del Interior. Así lo anunció Analí Márquez, diputada de oposición del Congreso de la República. De acuerdo con la congresista, el titular del Interior no ha mostrado una gestión adecuada durante estos primeros días de gobierno.
“Es algo que va a gestarse desde mi despacho apenas retomemos de la semana de representación. Ayer hemos esclarecido que será por incumplimiento. El Perú necesita seguridad, ya basta de tantas muertes. Como coalición, somos un equipo y estoy segura de que estarán de acuerdo con ello. No podemos quedarnos de brazos cruzados. Hay que accionar”, declaró.
Los cuestionamientos contra Astudillo han aumentado en los últimos días. Tras su negativa a remover al general Óscar Arriola de la jefatura de la Policía Nacional del Perú (PNP), el ministro fue cuestionado por distintos diputados durante su presentación junto con el resto del gabinete ministerial.
Según la argumentación de Astudillo, la remoción de Arriola no puede concretarse debido a que una ley aprobada por el Congreso pasado lo impide mientras no haya cumplido al menos dos años en el cargo.
Para lograr que la moción de interpelación sea admitida, JP necesitará el apoyo de los congresistas para llegar a tener el voto de al menos un tercio de los diputados hábiles en Pleno. Por si solo, JP cuenta con 32 diputados. El apoyo de algunos miembros de la oposición, será indispensable. Victor Piñan, diputado y vocero de la bancada de Obras, señaló que el apoyo a esta iniciativa todavía no se ha discutido en su bancada.
“Por el momento la Bancada Obras no ha discutido la posibilidad de apoyar o no la moción de JP, toda vez que nos hemos enterado el día de ayer, sin embargo, es parte del control político que ejercen los colegas de JP. Nosotros esperamos leer los argumentos de la moción y de acuerdo a eso tomaremos una decisión”, indicó Piñan a La República
Desde Renovación Popular, se ha mostrado una posición más cercana al gobierno fujimorista. Frank Krklec, diputado por el partido celeste, consideró que llamar a interpelar al ministro del Interior en estos momentos sería una acción irresponsable.
“Inaceptable la irresponsabilidad de la izquierda al sumar la interpelación del Ministro del Interior. Una oposición responsable fiscaliza; una oposición obstruccionista solo sabotea. Los ministros deben rendir cuentas al Congreso, pero los mecanismos de control político no pueden convertirse en represalias de los perdedores en elecciones. El país exige trabajo, no revanchismo”, escribió en su cuenta de X (antes Twitter)
Respecto de dicha ley, el diputado Ernesto Zunini, también miembro de la bancada de Juntos por el Perú, indicó que en las próximas horas presentarán un proyecto de ley para modificarla.
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“Es una norma aprobada por la bancada fujimorista. Me parece que el gabinete no ha conversado con su propia bancada. Vamos a presentar en las próximas horas una iniciativa para modificar esa norma, para que quede expedito. Es un símbolo de que no tenemos ánimo de obstaculizar”, señaló.
La norma en cuestión —Ley 31570— establece que el comandante general será nombrado por el presidente de la República por un periodo de dos años, prorrogable excepcionalmente por uno más. Asimismo, señala que solo podrá ser separado antes de cumplir su mandato por causales determinadas, como fallecimiento, solicitud de pase al retiro, incapacidad física permanente, comisión de faltas muy graves o delitos. De esta manera, se restringe la posibilidad de una remoción discrecional durante su periodo.
El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, reconoció que podría haberse cometido un error al establecer un periodo fijo de dos años para el comandante general de la Policía Nacional.
En entrevista con RPP, Galarreta explicó que la norma fue impulsada durante el gobierno de Pedro Castillo para evitar cambios constantes. Sin embargo, consideró que esta regulación no necesariamente funciona para la PNP, debido a que la lucha contra la criminalidad requiere una respuesta rápida y la posibilidad de evaluar con mayor frecuencia el desempeño de sus mandos.
Ante las dificultades legales para reemplazar a Arriola, el premier adelantó que el Gobierno buscará modificar este marco mediante las facultades legislativas que solicitará al Congreso. La propuesta, según indicó, ya es conocida por la presidenta Keiko Fujimori.
Desde que inicio el gobierno de Keiko Fujimori, las cifras alrededor de la delincuencia no le han sido favorables. Tan solo en sus primeros 18 días de gobierno, la nueva administración reportó un promedio estimado de seis asesinatos al día, de acuerdo con cifras del Sistema Nacional de Defunciones (Sinadef). Además, el 77,5 % de los homicidios se comete con proyectiles de arma de fuego, lo que representa la proporción más alta registrada durante las últimas nueve gestiones presidenciales.






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