
Los exmiembros del directorio de Petroperú que presidió Edmundo Lizarzaburu Bolaños manifestaron que todas las decisiones de su mandato se tomaron de manera colectiva y unánime, como consta en las actas disponibles.
El pasado 6 de agosto, la Junta General de Accionistas de la petrolera estatal sustituyó a todo el directorio, con excepción del vicepresidente, Carlos Linares Peñaloza.
De inmediato circularon versiones según las cuales el Ejecutivo dispuso el relevo tras detectar que el directorio saliente aprobó la reestructuración de la empresa, creó nuevas gerencias y autorizó el pago de bonos, a sabiendas de que sería relevado.
"Se dice que se autorizó una reestructuración de la organización de la empresa de un momento a otro, de manera sorpresiva. Esa es una información falsa. El tema de la reestructuración se discutió durante siete semanas con la participación de todos los directores, incluido Carlos Linares Peñaloza. Si fue una decisión incorrecta, Linares no continuaría en la empresa", explicaron fuentes relacionadas con la anterior gestión de Petroperú.
En relación con la reestructuración organizacional de la compañía estatal de hidrocarburos y con los incrementos salariales, las fuentes indicaron que fueron medidas correctivas de decisiones de periodos anteriores y que se cumplieron en función de disposiciones de la Contraloría General de la República.
"Lo que se hizo fue deshacer la fusión de la Gerencia de Auditoría y la Gerencia de Riesgos, y la separación de la Gerencia de Cumplimiento y la Jefatura de Lavado de Activos, una acción correctiva de necesidad técnica y legal que contó con el voto unánime del directorio pasado", indicaron las fuentes consultadas.
Fue un Informe de Orientación de Oficio de la Contraloría el que dispuso la división de la Gerencia de Auditoría de la Gerencia de Gestión de Riesgos, porque la fusión afectaba el Sistema Nacional de Control y el Código de Buen Gobierno Corporativo; por lo tanto, no fue una iniciativa del directorio anterior.
"De no haber aprobado dicha disposición, podríamos haber cometido una grave omisión de funciones, según la misma Contraloría", indicaron las fuentes.
Y respecto a la separación de la Gerencia de Cumplimiento de la Jefatura de Lavado de Activos, el pasado directorio de Petroperú lo que hizo fue ejecutar un mandato de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
"Constan en los oficios emitidos por la UIF remitidos a Petroperú los llamados para desagregar la gerencia y la jefatura porque la unificación vulneraba la ley y no hacerlo implicaba exponer a la empresa a eventuales sanciones por no cumplir con las funciones determinadas por el Sistema de Prevención del Lavado de Activos (SPLAFT)", precisaron las fuentes.
Los exdirectores de Petroperú precisaron que cumplir con las disposiciones de la Contraloría y de la UIF significó el incremento salarial de la plana mayor y de los gerentes de la empresa estatal.
"Es totalmente falsa la versión. Es fácilmente comprobable que no es verdad", resaltaron.





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