Pedro Castillo continuará en prisión: Poder Judicial confirma prisión preventiva hasta marzo del 2027

El Poder Judicial confirmó la prolongación por 12 meses de la prisión preventiva contra el expresidente Pedro Castillo, investigado por presuntamente haber dirigido una organización criminal en los casos Provías Descentralizado del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), el Ministerio de Vivienda y PetroPerú (caso Tarata). El exmandatario, quien afronta la indagación por los supuestos delitos de tráfico de influencias y colusión, permanecerá recluido hasta el 8 de marzo de 2027.

De acuerdo con la resolución de junio de este año a la que accedió La República, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema rechazó la apelación de la defensa de Castillo para dejar sin efecto la prisión preventiva que solicitó la Segunda Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos.

El Juzgado sostiene que Castillo no cuenta con arraigo familiar, laboral y domiciliario, puesto que su familia se encuentra en México, luego de ser asilados en diciembre del 2022. Esto, explica el Poder Judicial, "mantiene el peligro de fuga".

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En esa misma línea, el PJ advirtió "la existencia de un entorno internacional objetivamente favorable a una eventual evasión" por el caso de Betssy Chávez, quien obtuvo asilo diplomático en la Embajada de México. Este punto se tomó como una causal para sustentar una eventual fuga del exmandatario.

Además, la Fiscalía informó que existen pericias pendientes por realizar en la investigación y los peritos están en la etapa de recopilación, acopio y revisión de información documentaria. Aunado a ello, la investigación fue denominada como "compleja" debido a que alcanza a más de 90 investigados.

"Esta dimensión subjetiva y estructural revela una investigación de carácter macro, con múltiples niveles de intervención", se lee en la resolución.

Por estas razones, el sistema judicial confirmó la decisión del Juzgado Supremo de la Investigación Preparatoria de febrero de este año para ampliar la prisión preventiva hasta marzo del 2027.

El caso

De acuerdo con la tesis fiscal, en cuanto al caso de PetroPerú, Castillo es investigado por el presunto delito contra la tranquilidad pública y habría liderado una supuesta organización criminal en esa institución cuando era presidente de la República.

La hipótesis sostiene que el exmandatario "habría pretendido copar ilegalmente la referida entidad, con la finalidad de controlar y direccionar los procedimientos de adquisición llevados a cabo por la empresa".

Castillo, presuntamente, habría gestionado la designación de Hugo Chávez Arévalo como presidente del directorio de PetroPerú a cambio de un pago de S/30.000. Luego del nombramiento, añade la Fiscalía, se procedió a copar puestos claves en la entidad.

Tras ello, se "direccionó el Proceso por Competencia COM-012-2021-GDCH/PETROPERÚ Adquisición de Biodiésel B100 para el periodo enero-abril 2022, a favor de la empresa Heaven Petroleum Operators SA, representada por Abudayeh Giha", luego de una serie de reuniones en Palacio de Gobierno.

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Sobre el caso Provías, el Ministerio Público investiga el direccionamiento de la licitación de la obra Puente Tarata III, "cuyo beneficio económico obtenido sería el 0.5 % del total del valor adjudicado" a través de, supuestamente, los sobrinos de Castillo y el exministro Juan Silva.

"Los porcentajes con los que se beneficiarían los integrantes de la OC serían: S/100.000 para Villaverde García, S/100.000 para Vásquez Castillo y el resto se dividiría en partes iguales entre Castillo Terrones y el imputado Silva Villegas; en cumplimiento de este pacto ilícito, Villaverde García le habría entregado a Silva Villegas la suma de S/100.000 como un adelanto de buena fe del negocio ilícito acordado con relación a la Licitación Pública n.° 01-2021-MTC/21", se lee en el documento.

Sobre el caso Ministerio de Vivienda, el Ministerio Público investiga el direccionamiento de proyectos de saneamiento que se habría gestado con el Decreto de Urgencia n.º 102-2021 a favor de la Municipalidad de Anguía y Chachapoyas. Los trámites, supuestamente, se realizaron a través de los familiares de Castillo.