Coordinadora Nacional de DD.HH. se pronuncia contra persecución a jueces: "Sin jueces libres no hay democracia"

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) se pronunció sobre las medidas adoptadas contra funcionarios del Poder Judicial y jueces supremos. Como se sabe, recientemente la Junta Nacional de Justicia abrió procesos disciplinarios contra magistrados que aplicaron el control difuso, una facultad que les permite inaplicar una ley cuando consideran que contradice la Constitución.

'La reciente apertura de procedimientos disciplinarios contra jueces supremos que, en ejercicio de su independencia, aplicaron la Constitución y los estándares del derecho internacional de los derechos humanos constituye un grave precedente para el Estado Constitucional de Derecho', señaló la organización.

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Entre las personas afectadas por estos procesos se encuentran los magistrados Víctor Prado Saldarriaga, Araceli Baca Cabrera, Dante Terrel Crispín, María Vásquez Vargas y Ángela Bascones Gómez Velásquez, quienes inaplicaron la Ley 32107 en uno de los procesos judiciales relacionados con las esterilizaciones forzadas ocurridas durante la dictadura de Alberto Fujimori. Del mismo modo, se han presentado procesos contra jueces como Richard Concepción Carhuancho y Jorge Chávez Tamariz.

'Ningún juez puede ser investigado o sancionado por el contenido de sus decisiones cuando estas se sustentan en el ordenamiento jurídico nacional y en las obligaciones internacionales asumidas por el Estado peruano', continúa el comunicado.

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Critican aprobación de nueva ley

Asimismo, la Coordinadora cuestionó la ley que dispone que policías y militares sean juzgados por el fuero militar-policial en determinados casos. Según la organización, esta legislación genera un escenario de impunidad que podría agravar futuras violaciones a los derechos humanos.

'Esta ofensiva se produce en paralelo con la aprobación de normas que amplían inconstitucionalmente la competencia del fuero militar-policial, desnaturalizando su carácter excepcional y permitiendo que hechos que deben ser conocidos por la justicia ordinaria, especialmente aquellos que involucran presuntas violaciones de derechos humanos, puedan ser desplazados hacia una jurisdicción que no ofrece las garantías de independencia e imparcialidad', apuntó la Coordinadora.

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Finalmente, la organización hizo un llamado a respetar la independencia judicial como un pilar fundamental de una sociedad democrática.

'Sin jueces libres de presiones políticas no hay tutela judicial efectiva, igualdad ante la ley ni democracia', concluyó la Coordinadora en su comunicado.