Alejandro Manay: lo acusaron de terrorista, ahora es diputado

Al día de hoy, los equipos de la fiscalía continúan la excavación en los terrenos del cuartel Los Cabitos en busca de cadáveres. Durante el conflicto armado interno (1980-2000), el establecimiento militar funcionó como un centro de detenciones arbitrarias, torturas, asesinatos y desapariciones. Era comprensible que el profesor Alejandro Manay Pillaca fuera asaltado por el temor al confirmar que sería trasladado a dicho cuartel, imputado como “terrorista”, en el mismo lugar donde centenares de ayacuchanos fueron encerrados y asesinados. Hoy es diputado electo por Ayacucho.

Ese tipo de experiencia nunca se olvida. Marca para toda la vida.

El jueves 12 de enero de 2023 fue intervenido el maestro y dirigente sindical Alejandro Manay junto con otros líderes gremiales y de organizaciones populares, 28 días después de que tropas del Ejército asesinaron a 10 civiles durante las manifestaciones en Huamanga contra el nuevo gobierno de Dina Boluarte.

La mandataria justificó las capturas alegando que un grupo terrorista estaba detrás de la organización de las protestas, una versión que se demostraría completamente falsa. Poco después, Manay sería trasladado a Lima y presentado en una conferencia de prensa como miembro de una “organización terrorista”. Las autoridades no contaban con ni una sola evidencia.

“Yo estaba en Huamanga, después de mis actividades sindicales como dirigente regional de los docentes. Me disponía a cenar cuando la policía me intervino en la puerta de un restaurante. Fue una detención arbitraria. En un inicio parecía que nos llevarían a una comisaría, pero cambiaron la ruta y nos llevaron hacia el aeropuerto y luego al cuartel Los Cabitos. Eso generó temor, porque es un lugar marcado por hechos graves en la historia de Ayacucho”, explicó Alejandro Manay.

El 19 de diciembre de 2022, pocos días después de la matanza en Ayacucho, y antes de nuevos asesinatos en Juliaca y otras localidades del país donde prosiguieron las protestas antigubernamentales, la expresidenta Boluarte nombró como jefe de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINI) al coronel EP en retiro Juan Liendo O’Connor.

Liendo alegaba que las manifestaciones eran obra del terrorismo, por lo que estaban justificadas las ejecuciones extrajudiciales de civiles. Bajo esa falsa premisa, el régimen de Boluarte desató una cacería en busca de los supuestos "cabecillas terroristas". Una de las víctimas fue el profesor Alejandro Manay.

Del cuartel Los Cabitos, lo condujeron a la sede de la Dirección contra el Terrorismo (Dircote), sin saber que sería exhibido como uno de los líderes terroristas que organizó las protestas.

“La detención preliminar era por 15 días, pero se extendió a 35. Luego dictaron prisión preventiva y nos trasladaron al penal de Miguel Castro Castro, en San Juan de Lurigancho. Las celdas en la Dircote eran muy pequeñas, apenas entraba una colchoneta. No había condiciones adecuadas de higiene. Las colchonetas estaban deterioradas, había humedad y permanecíamos encerrados todo el tiempo. Recién después de algunos días nos dejaron usar el patio por unos minutos. Lo más difícil fue que no nos permitían que nos visitara nuestra familia. Eso fue lo más fuerte”, expresó el profesor Manay.

“Nos subieron a una avioneta durante la madrugada. Todos estábamos esposados. Al llegar, nos trasladaron a la Dircote y nos colocaron en carceletas. Al día siguiente nos sacaron con el pretexto de ir al médico legista, pero aprovecharon para exhibirnos ante los medios. Fue un show mediático. Nos presentó el general Óscar Arriola, quien en la actualidad es el comandante general de la Policía Nacional”, recordó Alejandro Manay.

Durante un tiempo, las autoridades que dispusieron su detención nunca le informaron sobre las razones de la medida extrema.

“Recién cuando nos permiten hacer una llamada telefónica y nos entregan parte del expediente, recién nos enteramos de que la acusación era por pertenencia a una organización terrorista”, narró.

El proceso judicial avanzó durante meses. En el caso de Alejandro Manay Pillaca, el Poder Judicial determinó que los hechos imputados no encajaban en el delito de terrorismo y lo excluyó del extremo penal de la causa. Más de cuatro meses permaneció en el penal Castro Castro, hasta que se extinguió la detención preventiva y salió libre por falta de pruebas.

“Salí en libertad en mayo de 2023. La sala penal determinó que no había sustento para sostener el peligro de obstaculización. La fiscalía solo repetía informes de la Dircote. Por ejemplo, plantear una nueva Constitución era una consigna terrorista. Se criminalizaban derechos constitucionales como la protesta o la organización”, señaló el profesor Manay.

“¿Usted rechaza cualquier vínculo con el terrorismo?”, le preguntamos.

“Totalmente. Nunca hemos tenido ningún vínculo”, respondió.

Pero, si bien se libró de la prisión, Alejandro Manay ahora enfrenta la exigencia de la Procuraduría Anticorrupción, que depende del Ministerio de Justicia, de una reparación civil de S/2 millones “por los daños causados” durante las protestas del 15 de diciembre de 2022.

“Está probado que no hay delito, pero quieren que asumamos una reparación civil. Eso demuestra que se busca mantener presión sobre mí. Han calculado gastos del Estado en lucha antiterrorista y pérdidas económicas por las protestas. Pretenden que nosotros asumamos eso, lo que no tiene sustento en ninguna parte. No nos van a imponer ese pago”, explicó.

Con más del 87% de las actas contabilizadas, Alejandro Manay Pillaca figura como el candidato más votado, con lo que asegura una curul en la nueva Cámara de Diputados por Juntos por el Perú.

Sin embargo, aunque fue excluido del extremo penal del caso, el proceso continúa en el ámbito civil. El pedido de reparación por S/2 millones es una carga que aún sigue vigente. La falsa acusación parece una cadena de la que nunca se librará.

No obstante, considera que su elección como diputado es una forma de reivindicación, reconocida por los electores de su región, Ayacucho.

“Creo que la población entiende lo que ha pasado. No es que haya sido un favor lo que ocurrió, fue un daño. Buscaban (los del gobierno) generar miedo: que protestar implique cárcel o muerte. Pero el pueblo respondió. Lo que hemos vivido no debe repetirse”, aseguró.