Familia de líder comunal asesinado, Santiago Guardamino: “La justicia se deja comprar”

“Exigimos que se encuentre al verdadero culpable y pague por lo que hizo. A Santiago (Guardamino) nadie lo va a revivir, pero al menos queremos que la justicia castigue a los que están detrás de su muerte. Su asesinato no puede quedar impune”, declaró Maribel Guardamino Zavala, la pareja y madre de los hijos del presidente de la comunidad campesina de Quipán (Canta, Lima), ejecutado por un sicario en la noche del lunes primero de abril de 2024, a pocos metros de su vivienda en Carabayllo.

Para Santiago Guardamino, incluso por los miembros de su familia, su vida estuvo en peligro desde el primer día que decidió enfrentar judicialmente a la compañía Industrias Arguelles y Servicios Generales, de propiedad de Aniceto Argüelles Loayza. Argüelles es el principal contratista de varios municipios limeños para el recojo y disposición de desperdicios.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

En diferentes momentos, los abogados de Aniceto Argüelles consultados por La República descartaron que el empresario tuviera relación con el homicidio de Santiago Guardamino, aunque reconocieron que mantenían conflictos judiciales con el dirigente de Quipán.

En efecto, Santiago Guardamino fue quien descubrió que el expresidente de la comunidad, Albel Mosquera Ortíz, en complicidad con Aniceto Argüelles y la gerente de su empresa, Karen Pasco Flores, fabricaron documentos de una supuesta autorización de los comuneros para la venta de un terreno de 10.000 hectáreas por S/600.000, cuando su valor proyectado era de S/5.000.000.

Razones de una muerte

En el terreno que adquirió fraudulentamente Argüelles, este construyó el relleno sanitario Karumi, donde acumulaba los desperdicios de los municipios que lo contrataron, como Santiago de Surco, Miraflores, La Molina, Barranco, La Victoria y Los Olivos, entre otros. Gracias al predio adquirido ilegalmente, el negocio de Argüelles creció exponencialmente.

Sin embargo, Santiago Guardamino logró que la justicia condenara por fraguar documentos al expresidente de Quipán, Abel Mosquera Ortíz, y a la exgerente de la empresa de Argüelles, Karen Pasco Flores. En tanto que a Aniceto Argüelles se le inició proceso por intentar sobornar a la jueza Roxana Becerra Urbina, que estaba viendo el proceso civil para la devolución del terreno a los campesinos de Quipán.

Es en este contexto fue en el que Santiago Guardamino recibió nueve disparos en la calle.

Tropiezo fiscal

Pero el fiscal Renato Lavy Cora desestimó los testimonios de los familiares de las víctimas, dejó de revisar evidencias fundamentales y archivó el caso “por falta de pruebas”.

“Estamos muy decepcionados porque prácticamente la justicia se dejó comprar. Santiago Guardamino no ha sido cualquier persona. Era el presidente de la comunidad cuando lo mataron, y la más beneficiada con su muerte es la empresa Industrias Argüelles”, expresó a La República, la viuda Maribel Guardamino.

De hecho, 25 días antes del asesinato, dos sujetos a bordo de una motocicleta llegaron hasta Quipán a buscar a Santiago Guardamino, hicieron disparos al aire y se fueron lanzando amenazas contra el presidente de la comunidad.

“El 07 de marzo de 2024, los sujetos antes de retirarse exigieron que (Guardamino) deje de intervenir en los conflictos con la empresa Argüelles y el relleno sanitario Kurumi", se lee en la declaración ante la fiscalía que dio una de las hermanas de Guardamino.

Declarar ante la fiscalía, entregar los celulares y compartir audios que registran constantes amenazas a Santiago Guardamino, no fue suficiente para el fiscal del caso.

Los dispositivos móviles que ayudarían a encontrar a los asesinos de Guardamino nunca fueron revisados por falta de la tecnología necesaria, falta de peritos y carga procesal, según los argumentos del fiscal Renato Lavy Cora.

Sospechosos pretextos

Durante el tiempo en que la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) tuvo el caso a cargo. La unidad policial no hizo las indagaciones necesarias para hallar a los responsables de la muerte del presidente de la comunidad, sostuvo Alicia Guardamino, hermana de la víctima.

"La policía sí contaba con los recursos. El caso estuvo más de un año y cuatro meses en la Dirincri y durante esa fecha la policía no investigó nada, solo realizó algunas diligencias. El suboficial encargado, Christian Ramos Espino, ni siquiera terminó con las declaraciones de los testigos y ni completó las diligencias que tenía que realizar”, dijo.

Cuando fueron entregados los cinco equipos celulares de Santiago Guardamino para que sean analizados, la policía no pudo revisarlos porque no contaban con los recursos necesarios para el desbloqueo de los equipos, fue la versión del mayor PNP Julio Farfán Chiun, del Departamento de Análisis y Coordinación de la Dirección de Ciberdelincuencia.

Por estos hechos evidentemente irregulares, la familia de Guardamino apeló a la Fiscalía Superior para que continúen y se completen las indagaciones sobre los autores intelectuales y materiales del homicidio del presidente de la comunidad de Quipán.

“El fiscal superior todavía no nos ha notificado respecto a la apelación. Es él quien debe resolver este tema. Sin embargo, no hay un plazo específico para una respuesta”, declaró a La República el abogado defensor de la familia, Juan Sarmiento Verastegui.