Familiares de víctimas de Cayara denuncian a Rospigliosi ante la Fiscalía por intimidar a jueces que deben resolver el caso

Ante la insistencia del presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, de presionar a los magistrados de la Tercera Sala Penal Superior Liquidadora Transitorias para que archiven el proceso contra militares acusados de la masacre de más de 30 pobladores de Cayara, en Ayacucho, los familiares de las víctimas lo denunciaron ante el Ministerio Público.

En la denuncia, suscrita por quince deudos, lo acusan del delito de violencia contra la autoridad por tratar de impedir, mediante intimidación, que los jueces hagan uso de la facultad constitucional de “ejercer control difuso e inaplicar la norma” en ese caso, lo que transgredería la Constitución y su obligación “del control convencional establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.

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En el documento, al que La República tuvo acceso, se relata las ocasiones en las que Rospligliosi intenta amedrentar a los magistrados para que archiven los casos de lesa humanidad cometidos antes de julio del 2001 invocando al fallo del Tribunal Constitucional, como el artículo publicado en el diario Expreso, calificando que los jueces Máximo Maguiña, Helbert Llerena y Reli Callata tienen “pésimos antecedentes”.

“Si estos magistrados no acatan la ley, deberán ser denunciados de inmediato ante la Junta Nacional de Justicia, la OCMA y penalmente, porque están cometiendo un delito”, sostiene que congresista fujimorista.

Además, se expone declaraciones en la que el presidente del Parlamento exige que no se tome en cuenta el derecho internacional pues las normas nacionales están por encima de los convenios internacionales, calificando de “prevaricadores” a los magistrados que inaplican la ley y no cierren los casos de graves violaciones a los derechos humanos.

Rospigliosi en audiencia de Cayara

Luego de hacer pública sus advertencias a los jueces, Fernando Rospigliosi estuvo presente en las últimas audiencias virtuales en las que se vería los recursos presentados por varios militares procesados en el caso Cayara para que se les aplique la ley de prescripción de los delitos de lesa humanidad.

Los denunciantes señalaron que el titular del Congreso con su presencia pretendió intimidar y ejercer “una presión directa e inmediata sobre la judicatura”.

“Esta conducta afecta gravemente la independencia judicial, principio esencial del Estado constitucional de derecho, y reviste especial gravedad por producirse en procesos vinculados a graves violaciones de derechos humanos, como la desaparición forzada y el asesinato”, refiere el documento.

En 1988, efectivos del Ejército asesinaron a 39 campesinos en Cayara (Ayacucho) durante el operativo Persecución, realizado tras una emboscada de Sendero Luminoso que dejó cuatro soldados muertos. Posteriormente, para ocultar los hechos, los militares se llevaron los cuerpos y asesinaron testigos.