Pretenden reactivar formalización de pescadores artesanales con proceso que cerró hace 2 años

Hace dos años que concluyó el proceso de formalización de la actividad pesquera artesanal conocido como SIFORPA 2 (Sistema de Formalización Pesquera Artesanal), pero el congresista Bernardo Pazo Nunura (Somos Perú) ha presentado un proyecto de ley que pretende reactivar el mecanismo que dejó de existir el 31 de julio de 2023.

Según la sustentación del legislador Bernardo Pazo, “un alto porcentaje (44%) de embarcaciones que se inscribieron para la formalización pesquera artesanal, no lograron continuar con el trámite para obtener su permiso de pesca”.

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Conforme la argumentación del legislador Pazo, el proyecto tiene como objetivo “permitir formalizar a los armadores, propietarios o poseedores de embarcaciones pesqueras artesanales que se encuentren inscritos en el Listado de Embarcaciones para la Formalización Pesquera Artesanal”.

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No debería llamar a sospecha el proyecto del congresista Pazo sino fuera porque no es la primera vez que plantea la reactivación de la formalización de los pescadores artesanales, una iniciativa rechazada reiteradas veces por el Congreso.

Pero además, como lo ha informado La República, la familia de Bernardo Pazo Nunura controla empresas dedicadas a la fabricación y reparación de embarcaciones, como Astilleros Navales del Pacífico.

La aprobación de esta ley generaría un mercado de oportunidad para estos negocios, ya que las miles de embarcaciones que buscarían formalizarse, tendrían que modernizarse o ajustarse a las regulaciones, generando ganancias directas para quienes tienen el poder de legislar.

Al respecto, gremios de pescadores artesanales legítimos, la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP) y la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), se han pronunciado en contra de proyectos como el del legislador Bernardo Pazo porque busca convalidar prácticas ilegales que agravarán la sobreexplotación de los recursos marinos.

Lo que se buscaría es burlar la prohibición de construir embarcaciones pesqueras sin los permisos necesarios, que está vigente desde 2012. Esta medida se dictó con el expreso propósito de frenar la sobrepesca, que amenaza la sostenibilidad de especies clave para la alimentación y la economía nacional.

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La propuesta de Pazo Nunura revertiría este esfuerzo, alentando la informalidad y la competencia desleal.

De acuerdo con el abogado ambientalista César Ipenza Peralta, "la política de permanente regularización equivale a institucionalizar la impunidad".

En cambio, los operadores informales reciben beneficios sucesivos, a diferencia de los pescadores que han cumplido con las normas quedan desprotegidos.

Los expertos consultados indican que el Congreso, en lugar de aprobar la reactivación de procesos de formalización que terminarían por premiar a los que incumplen con la ley, debe fiscalizar y asegurar que la Ley 31982, que tipifica como delito la construcción ilegal de embarcaciones, sea debidamente cumplida.

El futuro de la pesca artesanal y la salud del mar peruano dependen de que la ley prevalezca sobre los intereses particulares, según la opinión de los especialistas.