Gobiernos regionales responsables por contratar a constructora sin experiencia por S/544 millones

Los gobiernos regionales de La Libertad, Junín y Loreto estaban obligados a verificar la experiencia de la empresa LC&EC Constructora Consultora y Servicios en la ejecución de obras públicas de gran escala, antes de adjudicarle proyectos por S/544.3 millones. A una consulta de La República, el Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes (OECE), señaló que es indispensable que la entidad contratante (el gobierno regional) debe acreditar que el proveedor haya habilitado y entregado obras públicas. Sin embargo, LC&EC ganó cuatro contratos millonarios, pese a que no demostró haber edificado hospitales o carreteras. Por esta razón, el OECE ha requerido a las autoridades regionales los expedientes de las licitaciones para determinar la legalidad de los procesos en los que resultó ganadora LC&EC.

La representante de esta constructora, Lucero Coca Condori, cuenta con tan solo 23 años, y la sede de la empresa fue consignada en un asentamiento humano de Ventanilla. Cuando un periodista del dominical “Panorama” llegó hasta el lugar para buscar a Lucero Coca, el padre de esta, Juan Coca Rojas, lo agredió violentamente para impedirle que cumpla con su labor informativa. Juan Coca Rojas también es proveedor del Estado.

PUEDES VER: GORE Arequipa y Ugel Caylloma perdieron más de medio millón de soles tras caer en fraude cibernético

¿Descuido o favorecimiento?

Sin contar con la experiencia necesaria, la constructora LC&EC obtuvo dos contratos con el Gobierno Regional de La Libertad para rehabilitar una carretera entre Trujillo y Huanchaco, y edificar un hospital en Virú, por un total de S/315,6 millones.

El Gobierno Regional de Junín contrató a la empresa de Lucero Condori y su familia por S/206,3 millones para rehabilitar y ampliar el hospital de Satipo. Y en caso del Gobierno Regional de Loreto, le adjudicó la modernización del Hospital Arriola por S/22,4 millones.

La constructora LC&EC no calificaba para obtener la adjudicación de estas obras porque carecía de experiencia, que es una exigencia de la Ley de Contrataciones del Estado.

“La ley y el reglamento de contratación pública sí establecen la exigencia que las empresas que conforman consorcios, deban acreditar experiencia”, respondió el OECE a la consulta de este periódico.

PUEDES VER: Fiscalía interviene el Gore de La Libertad por caso de joven que ganó licitaciones por S/300 millones

Saltándose la ley

El OECE, la entidad que fiscaliza los procesos de contratación para la ejecución de obras públicas, señaló que los gobiernos regionales son los encargados de establecer los parámetros para la con formación de los consorcios compuestos por varias empresas.

“Bajo el criterio de complementariedad, podría darse el caso que no todas las empresas que conforman consorcios deban acreditar experiencia en la ejecución de obras.”, precisó el OECE.

Los gobiernos regionales están facultados para determinar si una empresa con experiencia mínima en la construcción de obras públicas, puede ejecutar el proyecto. “(Pero) en el caso bajo consulta, la entidad solo estableció máximos para el número de consorciados”, respondió el OECE.

Es decir, los gobiernos regionales de La Libertad, Junín y Loreto, no solo accedieron la participación de la constructora LC&EC en consorcio con otras empresas sino también le adjudicaron obras por S/544,3 millones.

Según la base de datos de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (Sunarp), LC&EC se inscribió el 25 de julio de 2023. Un año y medio después, el 31 de enero de 2025, consiguió su primer contrato por S/121,515,740. Luego de cuatro meses, el 11 de junio de 2025, consiguió su segundo contrato, esta vez por S/194,104,580. Sin haber movido una sola piedra.

El director ejecutivo de Organismo Público Infraestructura para la Productividad (OPIP), Luis Álvarez Gómez, del Gobierno Regional de Loreto, alegó que la contratación de LC&EC se ajustó a la ley y que no se detectó ninguna irregularidad. Pero que al enterarse de que la empresa no cuenta con experiencia, y que aparentemente actuó como fachada de otras proveedoras, se revisará el proceso de adjudicación.

“La Oficina de Logística del Gobierno Regional de Loreto ha iniciado un proceso de fiscalización posterior al proceso de adjudicación. Estamos recabando la información para su análisis correspondiente”, indicó Luis Álvarez.

Para el consultor en contratación pública y exvocal del Tribunal de Contrataciones del Estado, Peter Palomino Figueroa, los gobiernos regionales son responsables de asegurar que la empresa con mayor experiencia se encargue de la ejecución de la obra.

PUEDES VER: GORE Arequipa y Ugel Caylloma perdieron más de medio millón de soles tras caer en fraude cibernético

Hablan los expertos

“La misma norma dice que las entidades (gobiernos regionales, en este caso) pueden establecer reglas. ¿Cuál regla? Por ejemplo, la empresa que acredita mayor experiencia tiene que tener una participación mínima del 60%. No puede tener un 0.5%”, explicó Palomino.

“La finalidad de un consorcio es que alguna de las empresas que no tenga experiencia vaya con una que sí la tenga. Pero no es posible que el que no tenga la experiencia vaya a ejecutar toda la obra. Eso es imposible. Eso no está dentro de la finalidad de la norma”, añadió el experto.

Existen indicios de que los gobiernos regionales de La Libertad, Loreto y Junín que otorgaron la buena pro a LC&EC, no verificaron la experiencia de esta proveedora. Ni siquiera sabían que la representante, Lucero Coca Condori, solo cuenta con 23 años de edad.

“Otra condición es que ninguno de los integrantes del consorcio puede ejecutar menos del 40% de la obra. Desde mi punto de vista, ese porcentaje debería ser obligatorio”, resaltó Peter Palomino.

“Los gobiernos regionales deberían declarar de oficio la nulidad porque va contra los principios de la contratación pública. ¿Por qué? Porque la finalidad de la norma es que quien ejecuta la obra tenga la experiencia”, sentenció.

PUEDES VER: Gobierno regional de César Acuña beneficia a familiares de ministro de Salud con contratos por más de S/250 mil

Ninguna obra ejecutada

El experto en contrataciones públicas, Edgar Zúñiga Morán, expresó que no está conforme con la ley contratar a una empresa sin experiencia.

“Un comité especial que lleva a cabo la licitación no se va a meter en problemas ni se va a jugar la cárcel si es que ninguna de las empresas consorciadas tiene experiencia. Entonces es imposible que se le adjudique una obra a un consorcio o a una empresa que no tenga experiencia”, manifestó Zúñiga.

La misma entidad es la que elige a los miembros del Comité de Selección. Bueno, en realidad son puestos a dedo, porque, si finalmente esto es para sacar algo trucho, para que caiga una coima, tú pones ahí a tus alfiles. Pones a la gente que sabes que trabaja para ti y le das absolutamente toda la confianza. Así, la Buena Pro se la van a dar a la empresa que tú quieres que gane. Así de simple”, anotó.

Según el OECE, para el caso de La Libertad, LC&EC tuvo el 90% de participación en la construcción de una carretera, y el 50% en la remodelación de un hospital.

Respecto a Loreto, la empresa de Lucero Coca Condori, contaba con el 99%.

En todos los casos, LC&EC se encargó de la ejecución de la ley, sin contar con ninguna experiencia.

A LC&EC se encargó construir las obras

• Contraviniendo la Ley de Contrataciones del Estado, la empresa de la familia de Lucero Coca Condori, pese a su inexperiencia en la ejecución de proyectos de obras públicas, tuvo una participación importante. Al menos en el papel.
• Conforme a la base de datos de la OECE, LC&EC debe construir el 50% del hospital de Virú. Y el 99% de la carretera Trujillo-Huanchaco.
• Además, para la rehabilitación del hospital de Loreto, se le dio el 90% de responsabilidad para la construcción.
• Llama la atención que se le haya asignado la ejecución de las obras a LC&EC, no obstante que sus consorciados cuentan con mayor experiencia.
• Según el OECE, este organismo “no tiene competencia para declarar la nulidad o resolver los contratos suscritos por las entidades públicas contratantes”.