Gino Rios: presidente de la JNJ fue elegido pese a contar con sentencia firme por violencia familiar

Gino Ríos, actual presidente de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), máxima autoridad encargada de supervisar la idoneidad y ética de jueces y fiscales en el Perú, tiene un grave antecedente judicial. Un reciente reportaje de Cuarto Poder mostró que una condena, emitida por el Poder Judicial en 2011, acredita que Ríos perpetró actos de maltrato psicológico reiterado y documentado mediante pericias y tratamientos psiquiátricos.

Ríos ocupa el puesto más importante dentro de la Junta, pese a que la propia Ley Orgánica de la JNJ impide expresamente que personas con antecedentes por violencia familiar puedan postular o ser seleccionadas, El magistrado logró superar la evaluación sin que su condena fuera objeto de análisis serio o cuestionamiento público durante la entrevista final ante la Comisión Especial liderada por el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez.

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Durante el proceso de selección, fue el entonces presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, quien condujo la entrevista a Ríos Patio. Curiosamente, se enfocó en una denuncia archivada por presunta corrupción, pero ignoró completamente la sentencia firme por violencia psicológica. Según el propio reportaje, la comisión recibió una tacha formal advirtiendo de este antecedente, enviada por la abogada de la víctima, pero fue desestimada bajo el argumento de que el plazo para presentar objeciones ya había vencido.

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En sus respuestas, tanto en el proceso de selección como ante el intento de obtener su versión por parte de Cuarto Poder, Ríos evitó referirse directamente a la condena. Optó por presentar el caso como un “conflicto conyugal” y se escudó en la antigüedad del proceso.

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Comisión que eligió a Gino Ríos no solicitó explicaciones al magistrado sobre la denuncia

La gravedad del antecedente se ve reforzada por el contenido de la sentencia judicial, que incluye el testimonio de su exesposa, Obdulia Gildemeister. Ella relató amenazas reiteradas de parte del titular de la JNJ, incluyendo expresiones claramente violentas y además presiones para renunciar a demandas por alimentos. A pesar de este expediente judicial, ningún miembro de la Comisión Especial —integrada por autoridades de alto nivel del Estado— consideró necesario repreguntar o exigir explicaciones durante la entrevista.

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Josué Gutiérrez, actual defensor del Pueblo y quien presidió la comisión evaluadora, reconoció ante el programa periodístico que no hubo repreguntas sobre el tema. Justificó la omisión argumentando que no quisieron “ser invasivos” respecto a temas familiares. Sin embargo, admitió que la comisión no cuestionó el antecedente.

El defensor del pueblo sostuvo además que legalmente Ríos no está impedido de ejercer funciones porque la ley que sanciona estos antecedentes entró en vigencia en 2019, ocho años después de la sentencia. No obstante, vale mencionar que la ley sí estaba vigente al momento del concurso público y el artículo 11, inciso e, de la norma orgánica de la JNJ establece el impedimento para personas con sentencias firmes por violencia familiar.