Gremios de Puno rechazan a Patricia Benavides como fiscal de la Nación

La decisión de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) de restituir a Patricia Benavides como Fiscal de la Nación no cayó bien a los gremios de Puno.

Representantes de diferentes organizaciones se reunieron para debatir el caso y concluyeron que si Benavides logra tomar control del Ministerio Público, se unirán a los familiares de las víctimas para exigir su salida.

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“Este señora representa a la mafia del fujimorismo y el Apra. Esta señora retrasó la investigación por las muertes en protestas. Van a destruir la poca institucionalidad que aún existe. Nosotros rechazamos su regreso. De ningún modo”, dijo Lucio Callo Callata, presidente del comité nacional de lucha base Puno.

El cuestionamiento a la respuesta fiscal de la Nación fue incluido en la agenda de reclamos los días 26, 27 y 28 de julio exigiendo la salida de Dina Boluarte y el cierre del parlamento.

Amador Núñez presidente del Frente de Organizaciones Populares (Fop) aseguró que el país no da para más y lo único que le queda a los ciudadanos es salir a las calles como lo vienen haciendo desde diciembre de 2022.

“Lo que acá está en juego es la captura de las instituciones públicas. La derecha ya tiene la Defensoría del Pueblo, la Junta Nacional de Justicia, el Poder Judicial y ahora quieren que Patricia Benavides vaya al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de cara a las próximas elecciones presidenciales y congresales. Quieren todos los aparatos públicos. Ya no hay independencia de poderes”, dijo.

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El cuestionamiento a Patricia Benavides en Puno no es nuevo. Tras la muerte de 18 personas el 09 de enero de 2023, la entonces fiscal de la Nación, Patricia Benavides, llegó a Juliaca la primera semana de marzo de 2023 para instalar la fiscalía de Derechos Humanos. Sin embargo, los dirigentes se reunieron y la echaron. Tuvo que retornar a Lima de inmediato.

Los familiares de los fallecidos también se movilizaron contra ella en varias ocasiones. La acusan por el cambio de fiscales para investigar las muertes en protestas. Ello retrasó varias diligencias que habrían permitido saber con exactitud quiénes mataron a las víctimas.