Abogado de Dina Boluarte deslegitima protestas contra la presidenta y resta importancia a víctimas de la represión policial

Durante la evaluación del Tribunal Constitucional de la demanda competencial presentada por el Poder Ejecutivo contra el Ministerio Público —que busca impedir que Dina Boluarte sea investigada por la Fiscalía durante el ejercicio de su mandato—, el abogado de la mandataria, Joseph Campos, aseguró que las protestas ocurridas entre diciembre de 2022 y enero de 2023 en Ayacucho, Puno y otras ciudades y que dejaron un saldo de más de 50 fallecidos; no son legítimas y "carecen de amparo constitucional". Según el letrado, esto sería un motivo por el cual las investigaciones contra Boluarte carecerían de sustento.

"Es fundamental establecer que hemos visto que eso no tiene manifestación de protesta. (…) Frente a eso se activa un deber constitucional, precisamente el contemplado en el artículo citado por el Ministerio Público. (…) Lo que existe es una denuncia inoportuna, que carece de razonabilidad y proporcionalidad", señaló.

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Además, Campos planteó hipótesis sobre el accionar policial durante dichas manifestaciones, minimizando la responsabilidad de los casos reportados de violencia por parte de las fuerzas del orden. Estas intervenciones, en más de 50 ocasiones, derivaron en la muerte de personas que participaban en actos cívicos.

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"Pudo haber una víctima a causa de un policía, pudo haber sucedido. Pero también pudo tratarse de un policía confundido, asustado, que actuó en esas circunstancias. Pudo haber muerto por una triste casualidad. También podría tratarse de una persona que efectivamente agredió a un policía, provocando una respuesta reactiva que habría que evaluar si fue adecuada (…) Todas esas posibilidades deben ser consideradas", declaró ante el TC.

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Informe de la CIDH señala represión policial durante el Gobierno de Dina Boluarte

En una parte de la audiencia, el abogado Joseph Campos citó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), argumentando que, según dicho informe, lo ocurrido entre diciembre de 2022 y enero de 2023 "no calificaba como una protesta".

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Sin embargo, en ese mismo informe, la CIDH señaló que la mayoría de las víctimas, tanto fallecidos como heridos, fueron consecuencia del uso “desproporcionado, indiscriminado y letal de la fuerza” por parte de la Policía y las Fuerzas Armadas bajo el mandato de la presidenta Boluarte. Particularmente, se identificó a Ayacucho como una región donde se cometieron “graves violaciones de derechos humanos”, las cuales deben ser investigadas con la debida diligencia y desde una perspectiva étnico-racial. La comisión también emitió 36 recomendaciones dirigidas al Gobierno, enfocadas en reforzar el respeto al Estado de derecho y a la equidad.

Dina Boluarte también deslegitimó las protestas en su contra

A fines de 2024, la presidenta Dina Boluarte pronunció un discurso con motivo del segundo aniversario del fallido intento de golpe de Estado protagonizado por el expresidente Pedro Castillo. En su intervención, recordó las manifestaciones que marcaron el inicio de su mandato, las cuales dejaron un saldo de más de 50 muertos debido a la represión ejercida contra ciudadanos que exigían elecciones generales. No obstante, Boluarte evitó hacer autocrítica y sostuvo que, gracias a su gestión, hoy ondea la bandera nacional.

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"Llamaban, ahora sí, a una guerra civil y a que corran ríos de sangre. ¿Alguien en su sano juicio puede convocar a una guerra civil y a que corran ríos de sangre en nuestra patria? ¿Es posible que una sociedad civilizada haga ese tipo de llamados autodestructivos? No podemos negar la realidad del país y del mundo: existen ideologías de odio que promueven la violencia y la confrontación perpetua con el afán de destruir la democracia y la libertad consagradas en la Constitución", remarcó.