Defensoría del Pueblo retrocede en su intento de bloquear acceso a la información de la Comisión de la Verdad y Reconciliación

Luego de que se revelara que la Defensoría del Pueblo había bloqueado los pedidos de información de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), argumentando que era "clasificada", la propia Defensoría ha decidido dejar sin efecto dicha decisión. A través de su cuenta en X (antes Twitter), la institución manifestó su retroceso respecto a la postura inicial.

"En atención a precisiones de la Dirección de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, quedan sin efecto los documentos internos que establecían restricciones sobre la información bajo custodia del Centro de Información para la Memoria Colectiva. Asimismo, se han iniciado acciones para actualizar los procedimientos de atención a solicitudes de acceso a la información pública, garantizando el respeto a las normas de protección de datos personales. Cabe señalar que el Centro de Información para la Memoria Colectiva continúa atendiendo solicitudes sin restricción alguna", se lee en su publicación.

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Defensoría del Pueblo bloqueó entrega de la información

El conflicto se originó al oficializarse el bloqueo al acceso de la información recopilada por la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) sobre violaciones a los derechos humanos en Perú entre 1980 y 2000. Estos documentos estuvieron disponibles públicamente desde la publicación del informe en agosto de 2003. Sin embargo, en lugar de facilitar su acceso, la información fue restringida bajo el argumento de ser "confidencial".

Carlos Fernández, defensor adjunto para los Derechos Humanos y la Población Afroperuana, emitió un memorándum prohibiendo la entrega de estos documentos, incluso a entidades como el Ministerio Público. En dicho documento, se estableció que cualquier acceso debería contar con la aprobación previa de la Oficina General de Asesoría Jurídica de la Defensoría del Pueblo.

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Según Fernández, los archivos en custodia de la Defensoría contienen datos personales cuya divulgación podría afectar la privacidad de los involucrados y sus familias, motivo por el cual fueron considerados información reservada y excluida del derecho de acceso a la información pública. Además, advirtió al Centro de Información para la Memoria Colectiva y Derechos Humanos, encargado de conservar este acervo, sobre posibles sanciones administrativas, civiles y penales en caso de incumplimiento. En estos registros se encuentran más de 17 mil testimonios de víctimas o familiares de personas asesinadas o desaparecidas por grupos terroristas o fuerzas del orden, así como documentos oficiales de instituciones militares, entre otros.

Expertos e instituciones se pronunciaron sobre el bloqueo de la información

En declaraciones para La República, el politólogo de la Universidad Nacional de Trujillo, Jhimer Monzón, consideró que lo realizado por la Defensoria del Pueblo inicialmente constituía un ataque directo a la historia de nuestro país: "La comisión de la verdad y reconciliación fue instituida para esclarecer los hechos ocurridos durante los años de conflicto armado en Perú. Los testimonios y documentos que forman parte de su archivo no pueden ser ocultados a la ciudadanía ni a las organizaciones que deseen comprender esos trágicos años. No puede existir una verdadera superación de los traumas si es que no hay una previa aceptación de los mismos. Al intentar calificar dichas fuentes como "clasificadas" solamente se conseguirá obstruir el gran avance de desmitificación de lo que fue el conflicto armado", señaló.

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Monzón consideró que este retroceso en el planteamiento inicial de la institución responde a una lógica en el tratamiento de la información nacional: "Era evidente que la defensoría daría un paso atrás en esta decisión, en primera instancia es un acto que contraviene la normativa de transparencia en el Estado Peruana; así mismo, atenta contra la memoria de las víctimas y testigos del conflicto, quienes mostrando gran entereza narraron sus vivencias con la intención de que esos lamentables episodios de terror no vuelvan a ocurrir", finalizó.

Por su parte, el Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú (IDEHPUCP) también se pronunció, señalando que las acciones de la Defensoría del Pueblo representaban un riesgo para la democracia y la memoria colectiva.

"Esta decisión de la Defensoría significa un secuestro de ese patrimonio documental y moral de la Nación, un nuevo agravio a las víctimas de la violencia, un paso firme hacia el olvido y la negación del pasado, y un clamoroso incumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado en materia de verdad y justicia", concluyó el comunicado.

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