Caso Fondo MiVivienda: Poder Judicial ordena embargo de 22 bienes de Sada Goray

En el contexto de la investigación relacionada con el caso Fondo MiVivienda, el Poder Judicial dispuso el embargo mediante la inscripción y la orden de inhibición sobre 22 propiedades asociadas a Sada Goray, quien se encuentra cumpliendo prisión preventiva en el penal de Chorrillos por supuestos delitos de crimen organizado, colusión agravada, entre otros.

Los bienes inmuebles corresponden a diez lotes y dos predios ubicados en Trujillo (La Libertad); cuatro predios, un terreno y un fundo en Tarapoto; un predio y un lote en Moyobamba; un predio en Juanjui (San Martín) y una parcela en Pisco (Ica). Estas propiedades equivalen a 36 millones 383 mil 828 soles

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De esta forma, el juez Raúl Justiniano declaró “fundada” la solicitud que hizo la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción, pues consideró que los requerimientos eran ideales para evitar que los inmuebles sean transferidos, donados, vendidos o gravados a personas distintas, ya sea natural y/o jurídica.

Esta decisión se comunicó a la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP) a fin de ejecutar la medida.

¿Qué es lo último que se sabe sobre el caso Sada Goray?

En el marco de las investigaciones contra el exministro Geiner Alvarado y la empresaria Sada Goray, en septiembre del 2024 apareció el testimonio de Francisco Whittembury a la Fiscalía que data del 16 de junio del 2023. Contó que fue Alvarado quien le ordenó tramitar las designaciones de Pedro Arroyo, Roger Gavidia y de Gonzalo Arrieta como nuevos integrantes del directorio del Fondo MiVivienda (FMV).

Cabe recordar que, según a tesis fiscal, Marka Group pagó S/5,4 millones en sobornos a Geiner Alvarado, a través de Salatiel Marrufo, para copar el FMV y otras instituciones estatales. En este marco, Arroyo, Gavidia y Arrieta fueron los recomendados por Goray tras pactarse sus nombramientos con Marrufo, ex jefe del Gabinete de Asesores del MVCS.

Sada Goray habría pagado la coima a cambio de designar a gente de su confianza y tener control absoluto del fondo a través de personas claves en instituciones como la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SNB), Sepadal y la Sunarp.