Santiváñez vuelve a mentir: Mininter y PNP sí están a cargo de colocar a Nicanor Boluarte en la lista de los más búscados

Nicanor Boluarte, hermano de la actual presidenta de la República, lleva más de 50 días en la clandestinidad, luego de que el Poder Judicial ordenara prisión preventiva en su contra por los presuntos delitos de tráfico de influencias y organización criminal. Esta misma sería suficiente para pertenecer a la lista de los más buscados, sin embargo, el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, ha declarado que la inclusión de Nicanor dependería del Poder Judicial y del Ministerio Público.

"La incorporación en la lista de los más buscados no depende del ministro del Interior, ni del comandante general. Es de una comisión especializada que parte de una solicitud del Ministerio Público y del Poder Judicial", expresó. Añadió que la comisión mencionada no estaría conformada por ningún funcionario ministerial. Esto sería totalmente falso y mostraría que Santiváñez no sabría cómo funciona su propia cartera.

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Contradicciones dentro del Poder Ejecutivo

Días previos, se le consultó lo mismo a Gustavo Adrianzén, quien a diferencia de Santiváñez, expresó que sí sería responsabilidad del Ministerio del Interior y de la Policía Nacional del Perú.

"Nosotros no personalizamos esta labor (la inclusión de una persona en la lista de los más buscados). Entendemos que la Policía Nacional del Perú y el Ministerio del Interior dictan políticas a nivel nacional para que esto se lleve a cabo no pensando en una persona en particular, sino en todas aquellas que se encuentren en esta condición", afirmó Adrianzén.

Al respecto, La República conversó con el general Eduardo Pérez, quien explicó que lo dicho por Santiváñez carece de fundamento, pues la comisión que menciona en su declaración está presidida por el viceministro de Orden Interno del Ministerio del Interior, Cesar Wilman Guardia Vásquez; y está conformada por el director de Economía de la Policía Nacional y el director de Planificación de la PNP.

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Asimismo, precisó que el dinero destinado a la recompensa de un prófugo de la justicia es asignado del presupuesto de la PNP, no del Ministerio del Interior. "Cualquier civil que tenga información del paradero de un requisitoriado, llama al Ministerio del Interior, brinda los datos y si los datos son correctos, la entidad le dará una clave para que pueda solicitar la recompensa mediante un acta firmada por los integrantes de la comisión", explicó Pérez.

En esa línea, el Ministerio Público o Poder Judicial no designan dinero que le corresponde al sector interior para recompensas. "El Poder Judicial solo tiene la función de aplicar sanciones penales, más no puede disponer que se asigne dinero para recompensas", sentenció.