Caso Qali Warma: Poder Judicial ordena impedimento de salida del país contra Fredy Hinojosa por 6 meses

La Primera Fiscalía Anticorrupción de Lima consiguió que el Poder Judicial ordene el impedimento de salida del país por 6 meses contra 12 investigados que pertenecerían a la organización criminal que comercializaba irregularmente conservas Don Simón a los colegios estatales del programa Qali Warma.

La medida recae sobre el actual vocero presidencial Fredy Hinojosa y los investigados Michael Burga, Edgar Capani, Delia Zavaleta, Oliver Burga, Víctor Salazar, Deyvis Espinoza, Davilton Rodríguez, Miguel Rosales, Yesabella Pazos, Alejandro Mendiola y Paul Burga. Todos ellos son investigados por los delitos de organización criminal, colusión agravada y tráfico de influencias.

Contrato de conservas Don Simón con Frigoinca durante gestión de Fredy Hinojosa

De acuerdo con las declaraciones de la extrabajadora de la empresa Frigoinca, Noemí Alvarado, cuando Fredy Hinojosa lideraba el programa Qali Warma modificó el reglamento, con lo cual se establecia la obligatoriedad de comprar productos etiquetados como "macroregionales", lo que beneficiaba al dueño de Frigoinca, Nilo Burga, quien creó una empresa ficticia llamada Tierra Inca Food, bajo la marca "Don Nilo". Esto habría permitido que asegure contratos en el sur del país, especialmente en Puno, mediante el programa de alimentos escolares Qali Warma, beneficiando directamente a Burga.

El pasado 17 de diciembre, tras el allanamiento a la residencia de Hinojosa, este negó vínculos directos de Frigoinca con Qali Warma durante su gestión. Sin embargo, entre 2019 y 2022, la empresa de Burga, propietaria de la marca "Don Simón", firmó 108 contratos bajo la modalidad de fabricante, acumulando ingresos superiores a S/238 millones. 

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Expertos en contrataciones públicas han cuestionado las modificaciones introducidas en el programa Qali Warma durante la gestión de Hinojosa, advirtiendo que se desviaron de su objetivo principal: descentralizar las compras y promover la economía local. Según José Luis Telles, la normativa actual beneficia exclusivamente a los grandes fabricantes, quienes ahora pueden comercializar en varias regiones dentro de una misma macrorregión, dejando de lado el impacto positivo esperado en las comunidades y economías locales.