Fiscalía solicitó detención preliminar por 10 días contra Fredy Hinojosa por caso Qali Warma
El pedido fiscal incluye a otros involucrados en la presunta red de criminal enquistada en el programa Qali Warma cundo el actual vocero presidencial se desempeñaba como director ejecutivo de dicho proyecto.
La Fiscalía de la Nación solicitó la detención preliminar por un plazo de 10 días del vocero presidencial Freddy Hinojosa por el presunto delito contra la administración pública, organización criminal, colusión agravada y otros en agravio del Estado peruano. El pedido incluye a otros presuntos involucrados en una supuesta red criminal en el interior del programa Qali Warma cuando Hinojosa era director ejecutivo, desde marzo de 2019 hasta noviembre de 2022.
En el requerimiento fiscal se presenta a Freddy Hinojosa como el "hombre clave" dentro de la presunta organización cirminal. "en su condición de director ejecutivo desde el 27 de marzo de 2019 a noviembre de 202230, se habría integrado a la presunta organización criminal", se lee en la resolución.
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A su vez, el pedido también incluye al gerente general de Frigoinca, Nilo Francisco Burga Malca, contra quien se imputan los mismo presuntos delitos.
La solicitud de detención preliminar se da luego de que el 17 de diciembre, el personal del Ministerio Público y agentes de la Policía Nacional llevaron a cabo un allanamiento a la casa del vocero de Dina Boluarte, Fredy Hinojosa. Desde las 4.30 a.m., su vivienda ubicada en el distrito de Pueblo Libre, viene siendo cateada en el marco de las investigaciones por el caso Qali Warma. Él no ha podido ser detenido por la Ley 32181 que deroga la detención preliminar para casos de no flagrancia.
Gracias a esta norma, el juez no pudo concederle al fiscal a cargo de este caso la solicitud de 10 días de detención preliminar, de acuerdo con información de RPP. El magistrado no pudo autorizar la detención del jefe del gabinete técnico de la presidencia.
"No se presente un supuesto de flagrancia delictiva, pero existan razones plausibles para considerar que una persona ha cometido un delito sancionado con pena privativa de libertad superior a cuatro años y, por las circunstancias del caso, puede desprenderse cierta posibilidad de fuga u obstaculización de la averiguación de la verdad.", fue el inciso del artículo 261 que se derogó con la ley 32181.
Este punto ya fue restituido por el Congreso; no obstante, la presidenta Dina Boluarte aún no firma la autógrafa que está en Palacio desde horas de la mañana del lunes 16 de diciembre.