RMP critica al Congreso por reforma penal contra menores de 16 años: "Violan el derecho internacional"

Rosa María Palacios, a través de sus redes sociales, se pronunció sobre el comunicado de Unicef que critica la reforma aprobada por el Congreso de la República, la cual permitirá que jóvenes de 16 y 17 años sean procesados como adultos en el sistema penal de Perú. La abogada informó que son ahora cuatro los tratados internacionales que el Legislativo ha violado en menos de un año.

"El Congreso peruano ha violado por lo menos 3 tratados internacionales en menos de un año. Ahora suma un cuarto. Son una máquina para violar el derecho internacional", se lee en su publicación de 'X', antes Twitter.

El comunicado al que hace mención Palacios es el que Unicef publicó por la misma red social, donde la entidad mostró su preocupación por el reciente dictamen aprobado. Asimismo, recordó que los artículos 37 y 40 de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) estipulan que los adolescentes no deben ser juzgados ni sancionados bajo el sistema penal para adultos.

¿De qué trata el dictamen aprobado por el Congreso?

El Congreso de la República aprobó en segunda votación una ley que permite que adolescentes de 16 y 17 años sean juzgados y sancionados penalmente por delitos graves como terrorismo, homicidio calificado, secuestro y extorsión, entre otros. La medida, que incluye los proyectos de ley 618, 6080, 7771 y 8816, fue respaldada con 44 votos a favor, 24 en contra y 21 abstenciones.

Con esta decisión, el objetivo es reducir la criminalidad cometida por menores de 18 años y mayores de 16, modificando tanto el Código Penal como el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes para hacer a los adolescentes responsables legalmente. En consecuencia, los infractores podrían enfrentar penas de entre seis y ocho años.

La reforma también modifica el artículo 20 del Código Penal, el cual anteriormente exoneraba de responsabilidad penal a los menores de 18 años. Ahora, los adolescentes de 16 años o más serán considerados imputables por delitos graves como sicariato, violación sexual a menores, narcotráfico y tráfico de insumos químicos, entre otros. Además, la nueva normativa abarca otros delitos, incluyendo la violencia familiar, lesiones graves, trata de personas, explotación sexual infantil, pornografía infantil y esclavitud, estableciendo penas socioeducativas de hasta ocho años en casos de delitos particularmente graves.